Investigan violación a seguridad en penal federal

26 de Diciembre de 2024

Investigan violación a seguridad en penal federal

En mayo pasado, el Órgano Interno de Control abrió un expediente contra el director del Centro Federal de Durango, Elías Álvarez Hernández, y siete funcionarios más que, a cambio de sobornos, permitieron a internos de alto riesgo violar el reglamento y hasta hacer fiestas

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14 de Durango sólo recibe internos de altísima peligrosidad, por su vinculación a casos de secuestro. Desde hace cinco meses es considerado un foco rojo, pues su director, Elías Álvarez Hernández, habría recibido sobornos a cambio de que un grupo de internos prácticamente operaran desde el penal.

La posible venta de los planos de la prisión, la disminución de prohibiciones para internos, por lo que pueden comer y portar la ropa que desean, visitas continuas y hasta fiestas, son los casos más graves que relatan una decena de funcionarios penitenciarios en un documento de 12 cuartillas que enviaron al Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional de Seguridad.

En el documento de denuncia, al que tuvo acceso ejecentral y el cual fue verificado, el personal adscrito al penal de máxima seguridad se dirige al coordinador general de Centros Federales, para describir las irregularidades que ponen en riesgo la seguridad del Cefereso ubicado en Gómez Palacio, Durango. Una de ellas, la más grave, aseguran, es la exhibición de los planos de todo el penal.

Cuatro plazas fueron asignadas al equipo de confianza del director del penal de

Durango, Elías Álvarez Hernández, y sin tener la experiencia necesaria en el puesto.

“Recientemente se han encontrado documentos en la copiadora y red interna del centro, donde se exhiben los planos de todo el Centro, vulnerando nuevamente la seguridad de esta Institución por tratarse de documentos clasificados que ponen en riesgo la integridad física de todos lo que laboramos en este Cefereso”, acusan los funcionarios en el documento fechada el 28 de mayo de 2018.

Otra de las omisiones, señalan, es que en el Dormitorio A se implementó un modelo de seguridad dinámica; es decir, que los internos pueden estar en total libertad dentro del módulo a lo largo del día; sin embargo, en dicho lugar están recluidos personas procesadas y sentenciadas que por ley deberían estar separadas. Incluso, denunciaron en el escrito, que el pasado 9 de abril de 2018, alrededor de las 23:10 horas se debió hacer uso de la fuerza para controlar a reclusos que agredieron físicamente a personal de seguridad.

Por si fuera poco, continúan, otro de los problemas que enfrentan es que cuenta con “una baja considerable de elementos de seguridad”. Además se refiere que siete trabajadores del Cefereso, a quienes supuestamente se les vincula con el director general, realizan llamadas desde el interior del centro de reclusión sin que su puesto se los tenga permitido.

“Solicitamos una revisión de las líneas telefónicas ya que sólo una cierta cantidad de personas cuenta con clave para realizar llamadas al exterior por necesidades del servicio”, plantean en el documento.

Proveedores a modo

Según lo expuesto por personal adscrito al Cefereso 14, un cambio en los proveedores de la tienda que existe para las personas privadas de su libertad benefició a supuestos prestanombres del director general. Se trata de Distribuidora Pardo, de José Pardo; Nagrod S.A. De C.V., de Carlos Leonel Hernández Ortega y a Miguel Ángel Vega Elías “N”. “Durante 2017 hizo el cambio de los proveedores directos Pepsi, Encanto, Bimbo, etc., quienes surtían la tienda, anteponiendo a sus proveedores quienes utilizaron a los mismos distribuidores e incrementaron los precios de los productos de la tienda (por ser intermediarios)”.

Y violando el reglamento, Álvarez Hernández permitió que en la tienda del penal se adquieran desde pines, lentes, agendas de aniversario y hasta cilindros para agua.

Plazas sin justificación

A decir de los denunciantes, al menos 28 trabajadores del Cefereso 14 trabajan en áreas para las cuales no fueron contratados. Por ejemplo, una persona apta para desempeñarse como maestro penitenciario de educación física se dedica al área de transportes, lo cual vulnera el reglamento, pues se debe tener el entrenamiento de cada área.

“Solicitamos se realicen las gestiones fehacientes para su regularización y que se nos restablezca el área para la cual fuimos contratados o en su defecto se otorgue el cambio de adscripción a centro diverso, ya que como se puede observar existe personal auxiliar que está desempeñando un trabajo diferente a su nombramiento”, se lee en la carta dirigida al coordinador general de Centros Federales.

28 empleados laboran en áreas que no les corresponden.

Contrariamente, señalan, cuatro plazas fueron asignadas al equipo de confianza de Álvarez Hernández. “Se les hicieron las gestiones necesarias para que obtuvieran las plazas en jefe sin tener la experiencia necesaria en el puesto”. Lo que argumentan transgrede el artículo 8 fracción XIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“Suplicamos encarecidamente nos auxilien y realicen las investigaciones en sitio, ya que como es de su conocimiento mediante diversos recursos esta autoridad ha tratado de engañarlos, por lo que hemos dado a la tarea de reunir las evidencias de las diferentes áreas para fundamentar tanta impunidad por parte de las autoridades que nos representan

“Denunciamos el hostigamiento laboral por parte de las autoridades del Cefereso 14 CPS-Durango, ya que constantemente se nos cambia a áreas que distan mucho de la Constancia de Nombramiento, asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar”, detallan.

Lo cual contraviene la observación No.05.17.02, que se emitió producto de la auditoría 05/2017, en la que se instruyó realizar las acciones necesarias para que logren cumplir con los requisitos del puesto y regularizar la situación. “Aunado a este hostigamiento laboral se instauran actas administrativas, exhortos y cambios de horario laboral e incluso se reciben amenazas constantes por parte de nuestras autoridades por la imposición de multas por parte de los juzgados”, añade el documento.