Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este martes que durante la convulsión social a fines de 2019 en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo “ejecuciones sumarias”.
La investigación abarcó desde fines del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez.
Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. En Sacaba se registraron 11 muertos al igual que en Senkata.
Bolivia se sumergió en una fuerte crisis en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año. Los resultados de los comicios favorecieron a Morales, en el poder desde 2006 y con la intención de extender su gestión hasta 2025.
La oposición lo acusó de haber hecho fraude y las protestas se extendieron a todo el país. Los policías y militares le quitaron respaldo a Morales, quien dimitió y salió exiliado hacia México.
