Investigadores de EU y Francia condenan intimidación contra científicos
Investigadores de Columbia, Harvard, Princeton, Stanford y Sciences Po, condenaron “cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”
Investigadores de universidades como Columbia, Harvard, Princeton y Stanford, así como la francesa Sciences Po, expresaron que han seguido “con gran preocupación” los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) de detener a 31 científicos.
Los investigadores condenaron “cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”, esto por la intención de girar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Los científicos son acusados por la FGR y Alejandro Gertz Manero de los presuntos delitos de Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada, esto luego de una denuncia presentada por el Conacyt que dirige María Elena Álvarez-Buylla.
Académicos de Estudios Latinoamericanos de universidades internacionales enviaron un comunicado en el que dijeron que han seguido “con gran preocupación las noticias sobre los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) de México para arrestar y procesar a 31 científicos y científicas e investigadoras, con cargos de crimen organizado y lavado de dinero por su participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC”.
“Aplaudimos la valentía e independencia judicial de los y las juezas mexicanas que han resistido hasta ahora presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos. Condenamos cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico. Confiamos en que se mantendrán las salvaguardias democráticas en México para garantizar un debate público abierto y continuo; y que se privilegiará el estado de derecho y un debido proceso legal, como la mejor manera de conciliar la protección de la libertad académica y la vigilancia del uso de fondos públicos con fines científicos”.
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