La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que sobre el caso Ayotzinapa persisten una serie de desafíos y hay una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa. Además expresó su preocupación de que no exista aún un cambio en la narrativa oficial en relación con “la línea de investigación del Basurero de Cocula” mejor conocida como “la verdad histórica” por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida hace cuatro años. Al presentar este miércoles su Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), la Comisión señala que aún hay falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En el marco de su séptima visita oficial a México, realizada el 26 de noviembre, la CIDH recomienda al Estado mexicano se realice una investigación exhaustiva al seguimiento que habrían realizado funcionarios militares del 27 Batallón sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre, algo de los que da cuenta el informe. También pide profundizar la investigación sobre el Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS), que concentran acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales, y podrían haber sido activados días antes a la noche del 26 de septiembre. En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, y otros lugares cercanos a Iguala. Y argumenta que hay elementos probatorios suficientes, de telefonía y balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco aquella noche en escenas de los hechos. Por ello, precisa, es importante que se presenten de nuevo los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías. En relación a la Policía Federal, recomienda se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la Procuraduría General de la República (PGR), clarificar la cadena de mando, así como el traslado de su personal hacia Iguala. Además de la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes de Guerreros Unidos. En relación con la policía estatal, el documento señala que se deben esclarecer las acciones emprendidas de esa corporación a partir del presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL).
La PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales”, aseguró el Informe, por ello recomienda seguir con el análisis.
En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observa falta de avances. Señala como pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que de acuerdo a lo declarado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. En otros temas pendientes, el Mecanismo está la investigación por el espionaje al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y a los abogados de las familias, con el software espía “Pegasus” y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas. Y también sigue pendiente de resolver un recurso de amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el Río San Juan. En cuanto a la balística, señala necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de 9 fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que estarían resguardados por la PGR. Y sobre las medidas de no repetición, el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva. La CIDH pidió seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas para Edgar Vargas y Aldo Gutierrez Solano, los dos estudiantes agredidos y heridos de la escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y que permanecen hospitalizados. Respecto a las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, “se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente”. También recomiendan vital que se cuente con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en Guerrero para facilitar las búsquedas. Reconoce que si bien se han realizado esfuerzos en aspecto, “estos son aún iniciales”. El Mecanismo también llamó a las autoridades a obtener la cooperación de detenidos, a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Entre uno de los hallazgos del informe se señala que a más de cuatro años de la desaparición de los normalistas “la CIDH observa que el Estado mexicano contrató el sistema LIDAR, que sirve para verificar perturbaciones en el terreno, dicho sistema se utilizó en una zona de 60 km2 alrededor de Iguala, sin obtenerse resultados positivos”. La Comisión observó también la inclusión de averiguaciones previas en el expediente principal provenientes desde la Fiscalía de Guerrero y de otras subprocuradurías de la PGR; así como la información recibida por medio de las asistencias jurídicas internacionales entre México y Estados Unidos que podrían aportar datos relevantes en la investigación y que deben ser profundizados. Para lograr este informe, en los últimos dos años la CIDH trabajó en conjunto con las autoridades y los familiares y realizó 6 visitas oficiales de comisionados y su secretario ejecutivo; 5 visitas técnicas del personal de la secretaría Ejecutiva; 5 reuniones de trabajo y 4 audiencias públicas y además revisó 618 tomos remitidos por la PGR, con información actualizada hasta julio de 2018. Y a través del Mecanismo Especial se elaboraron cinco cuestionarios para el gobierno de México sobre el avance de la investigación y que, dicen, fueron respondidos oportunamente. La Comisión señala que los resultados de este informe fueron presentados al gobierno federal y los familiares, partes involucradas de la Medida Cautelar MC 409/14, sobre las acciones realizadas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares, y las medidas de no repetición, para que conozcan los principales hallazgos, retos y desafíos que observó desde 2016 sobre el caso. A dos años de trabajo, la CIDH concluye que impulsó la realización de diligencias para la búsqueda, investigación y atención a las víctimas consideradas por el Estado. Con este informe, la Comisión busca sumar esfuerzos para lograr una investigación que determine los hechos y la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas. Y espera que con las conclusiones y recomendaciones expuestas, el Estado oriente el cumplimiento de la medida cautelar. Y agrega que continuará dando seguimiento a la medida cautelar hasta que se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala. EC
