El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Trabajo, dispondrá de una bolsa de 210 millones de dólares para verificar el cumplimiento de las leyes laborales en México en los próximos años, esto en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, según la iniciativa H.R. 5430 que se presentó a la Cámara de Representantes para su pronta aprobación y la cual señala el polémico tema de los cinco “inspectores” estadounidenses en territorio nacional.
Según la iniciativa, los recursos serán utilizados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB), el ente gubernamental encargado de vigilar en el mundo las condiciones laborales en países con los cuales tienen acuerdos comerciales o de inversión. Así como con los países que reciben financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo o de las instituciones financieras internacionales.
El presupuesto de 210 millones de dólares es para pagar sueldos y gastos de la ILAB. De esa bolsa, el 85.7% o 180 millones de dólares estarán disponibles hasta el final de 2023 y los cuales se utilizarán para apoyar la implementación de la reforma laboral en México, incluyendo apoyos para impulsar la capacitación de trabajadores, reducción del trabajo infantil, entre otros, esto como parte del T-MEC (o USMCA, por sus siglas en inglés).
Después de que el martes 10 de diciembre, en México el gobierno federal firmó el protocolo de enmienda del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el gobierno estadounidense presentó el viernes 13 la iniciativa H.R. 5430. En ella, señala que los restantes 30 millones de dólares (14.3% de los 210 millones) de la bolsa, estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2027.
Esos recursos serán para proporcionar una capacidad adicional a la ILAB para supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales de las leyes laborales en México. Esto, señala la iniciativa, sí el Secretario del Trabajo, Eugene Scalia, asigna a cinco empleados adicionales, de tiempo completo, de su dependencia a la Embajada de Estados Unidos o consulados en México.
La tarea de ese personal adicional será el monitoreo para ver el cumplimiento de las leyes laborales en México; elaborar reportes trimestrales en el periodo que concluye en septiembre de 2027 sobre los esfuerzos de México para cumplir con las obligaciones laborales, como dice la iniciativa, está definido la sección 701 de esta Ley.
Ese personal adicional fue lo que causó polémica en México. El subsecretario de América del Norte y negociador del T-MEC dijo que México “jamás aceptará” “inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe”.
Un día después de que se presentó la iniciativa H.R. 5430, el sábado 14, el representante comercial de Estados Unidos,Robert Lighthizer, publicó carta dirigida a Seade, donde señaló que los agregados laborales no harán inspecciones en México y que su único objetivo es otorgar asistencia al gobierno de Donald Trump en dicha materia.
La misiva de Lighthizer indica que las embajadas de Estados Unidos en las principales capitales del mundo albergan personal de diversas agencias federales como el departamento de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesoro y Justicia. Incluso, dijo que México tiene en Estados Unidos a personal de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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