La violencia se ha convertido en el principal riesgo para las empresas que desean invertir en la mitad de los estados del país, lo que podría retrasar la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus y desestabilizar aún más la calificación general de México en los indicadores financieros.
›Datos de la última evaluación de Control Risks, una de las consultoras internacionales más importantes en temas de estabilidad y riesgo, muestran que el nivel de peligro para las inversiones de todo tipo es alto en 16 estados del país debido a este factor.
El mapa de riesgos para 2022 también hace énfasis en el alto grado de fragilidad que tiene la costa sureste, especialmente por los ataques de piratas a las plataformas petroleras de compañías privadas o públicas, lo que posiciona a esta región junto a otras ocho alrededor del mundo.
La evaluación de riesgo de esta firma toma en cuenta indicadores que miden las amenazas reales hacía los activos financieros, la infraestructura y los recursos humanos de las empresas localizadas en el país, que de forma general obtuvo una calificación de peligro intermedia, un factor que también contribuye a desacelerar las inversiones.
Otros indicadores de peso dentro de la evaluación son los conflictos militares, la fragilidad ante ataques terroristas, la seguridad laboral y disturbios sociales en cada entidad, en los que México obtuvo una baja calificación debido al crecimiento de bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Zacatecas son los estados que obtuvieron la calificación de riesgo alto para la inversión empresarial debido a la violencia, lo que los sitúa a solo un nivel de la peor evaluación de esta consultora internacional.
Según la evaluación de Control Risks en estos estados “el entorno de seguridad presenta desafíos serios y persistentes para las empresas, mientras que las actividades comerciales de rutina requieren una provisión de protección mejorada o especializada para poder desarrollarse con cierta normalidad”.
Esta evaluación también coloca a los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche, Querétaro y Yucatán dentro de la franja de riesgo bajo. Esto significa que las condiciones de seguridad no impiden el funcionamiento empresarial o comercial, mientras que el resto de las entidades del país se posicionan en un punto de peligro medio.
16 entidades federativas presentan un alto riesgo y poca estabilidad para los negocios.