Alice Speri
Hace unos días, Donald Trump dio marcha atrás a su promesa de campaña de expulsar a la fuerza a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, diciendo al programa 60 Minutos: “Vamos a expulsar a los criminales que tengan antecedentes penales, narcotraficantes, tenemos a muchas de esas personas, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, los sacaremos de nuestro país o los vamos a encarcelar”.
Pero el nuevo número no es nada tranquilizador. Para poner la cifra en perspectiva, 2.5 millones de personas fueron deportadas durante los primeros seis años de mandato del presidente Barack Obama, muchos más que los deportados por cualquier otro presidente y casi más que todos los presidentes anteriores combinados.
De hecho, lo que Trump propone no es muy diferente de lo que ya ha estado ocurriendo bajo la administración Obama, que ha priorizado la deportación de inmigrantes indocumentados con condenas criminales. Aunque simplemente no hay ni dos millones de ellos.
Según el Instituto de Políticas de Migración, el número de personas indocumentadas con antecedentes penales es más cercano a 820 mil, incluso muchas de esas personas no son los “violadores” y “criminales” que Trump nos haría creer, sino que son culpables de “delitos de estatus” como conducir sin licencia en los estados que no permiten a gente indocumentada conseguir una o entrar ilegalmente al país.
Hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memorando pidiendo a las agencias policiales priorizar la deportación de individuos que representan una “amenaza” para la seguridad nacional y la seguridad pública, sólo 59% de los deportados había sido condenado por delitos e incluso menos por delitos graves.
Con las deportaciones rápidas y masivas se vienen peores condiciones en los ya sobrepoblados centros de detención donde tantos inmigrantes son recluidos y se refuerzan las inevitables amenazas al debido proceso, algo a lo que todo el mundo en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estimó que, para cumplir su promesa, Trump necesitaría construir rápidamente nueve centros federales de detención, para dar cabida a unas 100 mil camas. Y a menos que vaya a destinar una cantidad gigantesca de recursos a los tribunales migratorios, sólo exacerbará un atraso que ya supera los 500,000 casos, una cifra récord.
“Hay que realizar audiencias ante los jueces, hay un sistema de remoción, hay un proceso para deportar a las personas”, dijo Wendy Feliz, directora de comunicaciones del American Immigration Council, señalando que los tribunales migratorios ya hacen frente a un número récord de casos y enfrentan una grave escasez de jueces.
El financiamiento actual para la Agencia de Inmigración y Aduanas —la agencia encargada de las deportaciones—, permite aproximadamente 400 mil deportaciones al año.
›para cumplir su promesa. Esa cifra es independiente a los 25 mil millones que costaría construir el muro.
Incluso con el Congreso en manos republicanas, es poco probable que el muro o el presupuesto necesario para las deportaciones masivas —que incluiría el financiamiento de los tribunales de inmigración, no sólo el ICE y los agentes de la Patrulla Fronteriza— lleguen pronto.
Mientras tanto, hay mucho daño que Trump puede hacer, principalmente a través de los poderes ejecutivos que el presidente Obama ya ha usado en el pasado. Para empezar, Trump se comprometió a deshacer gran parte de lo que Obama logró en el tema migratorio mediante la cancelación de dos órdenes ejecutivas.
La primera Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Permanentes Legales (DAPA por sus siglas en inglés), habría retrasado la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados y les dio permiso para trabajar en Estados Unidos, pero se ha estancado desde que la Corte Suprema la bloqueó a principios de este año.
La segunda orden, la Acción Diferida para la Llegada de la Niñez (DACA) no tiene impugnaciones legales en su contra, y ha permitido a 750 mil inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños solicitar una amnistía a la deportación y obtener permisos de trabajo.
Sin embargo, aunque muchas de las propuestas migratorias de Trump enfrentarían feroces batallas legales, los defensores de los derechos migratorios temen su impacto a nivel local, particularmente en los estados y jurisdicciones donde anteriormente los funcionarios locales habían emprendido una aplicación más severa de las políticas migratorias cuando sentían que el gobierno federal no estaba haciendo lo suficiente.
Los defensores de la inmigración temen el resurgimiento, bajo Trump, de las Comunidades Seguras, un polémico y ahora difunto programa a través del cual el ICE reclutó a las agencias locales de aplicación de la ley para ampliar sus esfuerzos migratorios. Los detenidos durante infracciones menores, a menudo relacionadas con infracciones de tráfico, podrían ser deportados bajo la ley de inmigración.
El programa, que fue calificado como una “cacería de brujas” por los críticos, llevó a un aumento en las deportaciones, aumentó el perfil racial y contribuyó al deterioro de las relaciones entre la policía y las comunidades de color.
Pero no todo el mundo está a bordo de ese barco. Algunos funcionarios locales —incluyendo a muchos en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Denver, Filadelfia y Chicago— ya han salido a reiterar el estatus de sus ciudades como “santuarios”, una definición que varía según la ubicación, pero que protege esencialmente a los inmigrantes indocumentados contra el alcance federal a través de una serie de ordenanzas locales.
Los Ángeles, por ejemplo, que alberga a más de 1 millón de los 11 millones de indocumentados en el país, no cumple con las peticiones federales de “retenedores”, lo que significa que no refiere a los individuos deportables detenidos por delitos de bajo nivel a las autoridades federales ni las mantiene en prisión más allá de lo dictado por la norma. El jefe de la policía de la ciudad, Charlie Beck, dijo que no tiene planes de cambiar la forma de trabajar de la policía de LA.
DATO Expulsión. Alrededor de 2.5 millones de personas fueron deportadas durante los primeros seis años de mandato del presidente Barack Obama.
