Este sábado la Procuraduría General de la República (PGR) deberá mostrar sus verdaderas cartas contra Javier “N”. No era así el lunes pasado, cuando ocurrió la primera audiencia del caso en la sala uno del Reclusorio Norte. Ese día, su única obligación legal era notificarle al exgobernador de Veracruz de qué se le acusa, es decir, formular la imputación. Pero a los abogados defensores, de la mano de su cliente el exgobernador, trataron de adelantar los tiempos y así pretendieron ganar, al menos, la tribuna mediática. Y es que la presentación de todas las pruebas y testigos contra el inculpado se hace sólo hasta llegar a la segunda etapa de las tres que establece el Nuevo Sistema Penal: la investigación, en la que el caso se encuentra actualmente; la intermedia y el juicio oral.
Si te digo que es un maratón de 42 kilómetros, apenas estamos en el kilómetro uno”, explica el abogado penalista Gabriel Regino.
El fiscal Pedro Guevara Pérez lo sabía y lo hizo notar hacia las ocho de la noche, tres horas después de iniciada la primera audiencia y tras ser cuestionado sobre la falta de información que parecía poseer: “tal parece que quieren adelantar la etapa de juicio. En esta etapa temprana donde ni siquiera hemos escuchado si el señor (Duarte) va a hacer alguna declaración para que podamos pasar, en su caso, a exponerle los datos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, a fin de que pueda tener un mejor conocimiento de la información que sustenta esta imputación”. Con esa frase reveló su estrategia de no mostrar la documentación clave, la evidencia, hasta llegar al momento en que se le exija presentarla. También adelantó que la Procuraduría tiene la intención de “llevar a cabo una investigación complementaria” contra Duarte. En palabras de Regino, la primera audiencia es más mediática que otra cosa, ya que ninguna resolución se emite durante la misma. Sin embargo, esta segunda audiencia sí es importante, porque el juez decidirá si se vincula a proceso a Javier “N” o no, y se definirá el periodo intermedio, la fecha para descubrir las pruebas, que puede ser de uno a seis meses, que es el tiempo que podría utilizarse para una investigación complementaria. Ante esto, la estrategia de los defensores de Javier “N” del lunes pasado fue provocar al fiscal. Entre más datos soltara, más herramientas tendrían para prepararse y contraatacar en esta segunda audiencia. En comparación con el sistema penal anterior, en el que todo era por escrito, ahora el acusado puede pronunciarse. Javier “N” aprovechó el permiso: sentado en el centro de la mesa, sin corbata, con aspecto despreocupado y con su abogado a la derecha, preguntó un par de veces con tono burlón sobre las cuentas bancarias exactas o los registros de compra de terrenos con los que se le pudiera vincular. Si la parte que acusa hubiera respondido a esas preguntas, parte de su investigación habría quedado al descubierto, lo que en ese momento procesal significa una desventaja. El representante de la Procuraduría hoy sí tendrá que usar toda la información posible para defender su caso y hacer parecer culpable a Javier “N”. Esta decisión la tomará el juez, con base en lo que cada lado le presente de manera oral. Lo siguiente sería la etapa de investigación. Durante ésta, que puede durar hasta seis meses, se decidirá qué evidencia es válida y cuál no, y sólo la aprobada podrá utilizarse en la recta final del caso: el juicio oral. En este último, tanto acusador como acusado debatirán sus argumentos para convencer a un Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por uno o tres jueces que no conocen el caso, y será responsabilidad de ellos dictar una sentencia.
Definirán la litis
Este sábado, la audiencia programada para iniciar a las 10 de la mañana, empezó un poco después. Desde siete horas antes, reporteros llegaron al Reclusorio Norte para obtener uno de los 30 lugares disponibles, también lo hicieron estudiantes de derecho, a quienes les dejaron la tarea de asistir. El primero en llegar, dos horas antes a la audiencia, fue el titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, quien llegó con un más de 10 escolares. Un poco después arribó el fiscal Pedro Guevara. Se prevé que la audiencia dure al menos seis horas y en ella se establecerá si las pruebas sostienen el delito de lavado de dinero por 220 millones de pesos como establece la acusación original de la PGR o si el monto será menor ante las pruebas existentes. Si se reduce el monto del ilícito la Procuraduría podrá ampliar la actuación posteriormente. Otro escenario es que se consideren insuficientes las pruebas contra Javier “N"y se decrete su libertad, pero puede ser sólo por un delito o los dos. La PGR podría perfeccionar la carpeta de investigación y presentar el caso nuevamente. (Foto: William Gularte/ Cuartoscuro)
