Siete de cada 10 pesos de ingresos públicos se dirigen a cubrir gastos comprometidos como son el pago de deuda, pensiones y transferencias a estados y municipios, lo que deja sólo tres pesos para mejorar e innovar las políticas públicas dirigidas a salud, educación e infraestructura, que equivalen a alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), revela Oxfam México.
Del total del PIB que México obtiene, lo que el gobierno recauda por impuestos sólo es el equivalente al 13.1%, que está por debajo del 22.9% que captan los países de América Latina y el Caribe y 33.8% del promedio de las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El porcentaje que México destina para hacer frente a la demanda de servicios de salud y para atender el resto de los problemas socioeconómicos que nos aquejan como la falta de crecimiento y el hecho de que el 43.9% de la población vive en pobreza, son insuficientes, asegura Oxfam.
Como ejemplo, en 2019, Brasil, Argentina y Sudáfrica recaudaron 33.1%, 28.7% y 26.2% del equivalente de su PIB, en ese mismo orden, cifras muy superiores a lo logrado por México considerando que son economías muy parecidas.
Uno de los problemas en la recaudación en nuestro país, Oxfam lo atribuye a que las autoridades son blandas ante el cobro de impuestos a las grandes fortunas.
“El bajo desempeño redistributivo de nuestro sistema tributario es consecuencia de la falta de voluntad política por gravar el patrimonio de las personas más ricas del país. Aunque el consenso internacional cada vez apunta más hacia la importancia de implementar un impuesto a la riqueza como herramienta para disminuir la desigualdad y reducir las emisiones de carbono por parte de las personas ultra ricas, debemos preparar el camino para que este impuesto sea una realidad”, exhortó Iván Benumea Gómez. Coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar.
La OCDE está planteando un impuesto general de 15% a las grandes fortunas, como una medida para evitar su evasión hacía otros países. México, cuando Arturo Herrera estaba al frente de la Secretaría de Hacienda estuvo en reuniones con este organismo, además del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, con la finalidad de alcanzar un consenso sobre el cobro de este tributo.
Sin embargo, en las agendas legislativas de nuestro país no están aún presentes para que en los Precriterios Económicos 2023 ya sea considerado este tipo de carga impositiva y el cómo sería aplicada y recaudada.
Oxfam menciona que sin los fondos adicionales, no es posible financiar los servicios públicos de acceso al agua o al saneamiento, o a las guarderías y asilos, lo que sigue aumentando la carga de trabajo de las mujeres, que son las más afectadas por la pandemia.
Además, ante esta poca efectividad en la recaudación, se tiene que sumar el envejecimiento de la población y la caída en la fertilidad que cambiarán radicalmente la estructura laboral y provocarán mayor presión a las finanzas públicas, dado que la población adulta mayor requerirá más recursos públicos para el pago de pensiones, para establecer un sistema de cuidados y para la atención a la salud.
Y aún se desconocen los efectos posibles que pueda tener la Covid-19 en todos aquellos que tienen una o varias secuelas que puedan acortar el tiempo de las personas en el mercado laboral y se conviertan en una carga pública.
