Jonathan Nácar y Francisco Pazos
La estrategia del gobierno federal para pacificar al país falló y se volvió en su contra. Esto ha sido a tal grado que afectó las finanzas de sus propias instituciones, especialmente las que generan riqueza, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que debieron gastar más de seis mil 280 millones en los últimos dos sexenios para protegerse, utilizando para ello al Ejército y a la Marina.
Pemex y la CFE no son las únicas que debieron perder dinero para cuidarse. Otras 25 secretarías, organizamos descentralizados del gobierno federal y hasta una empresa privada consideradas todas como “instalaciones estratégicas”, han desembolsado, en total, 12 mil 634 millones 924 mil 419 pesos. Todo ese dinero fue pagado a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar), entre 2004 y 2015, bajo el rubro de seguridad y patrullaje de su infraestructura.
El punto crítico del fracaso en la estrategia de seguridad en las últimas dos administraciones por mantener a raya al crimen organizado se confirma al ver a organismos pertenecientes a la propia estructura administrativa de la Defensa Nacional incrementando el gasto en su propia protección. Es el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) que derrocharon 123 millones 891 mil 330 pesos para seguridad de sus instalaciones.
Al mismo tiempo en que la inseguridad se mantenía en el país, aumentaban los operativos, crecían las detenciones, se aseguraba en los discursos que se avanzaba contra la violencia y el crimen organizado, y el gobierno federal destinaba más recursos a la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, ahora Comisión Nacional de Seguridad (CNS), y a las corporaciones estatales y municipales en el país; el propio gobierno mexicano se vio obligado a incrementar el gasto hasta en un 226% para auto protegerse.
En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, en plena guerra contra el narcotráfico, el pago a las Fuerzas Armadas por sus servicios de seguridad a instalaciones del propio gobierno aumentó un 16.6%, al pasar de un derroche anual de 689 millones 644 mil 401 pesos en 2007, a 804 millones 138 mil 584 pesos, en 2010.
Fue en 2012, el último año del sexenio del panista, cuando el incremento llegó hasta 94.14%, al gastar mil 338 millones 910 mil 652 pesos.
›Durante la administración de Enrique Peña Nieto y pese a los discursos triunfalistas en los que apuntaba que los índices de violencia disminuyeron en el país, aumentaron los recursos que se pagaron al Ejército y la Marina por la seguridad en sus instalaciones estratégicas. Por tanto, en los primeros cuatro años de la gestión del priista, se registró un alza cercana 52.86%.
Pagar a pesar de ser su obligación
Pese a que se encuentra dentro de las obligaciones legales de las Fuerzas Armadas y reciben un presupuesto para cumplir con ello, por ejemplo en 2016 fue de 84 mil millones de pesos para su operación; tanto la Marina como el Ejército cobran por vigilar instalaciones estratégicas y participar en operativos específicos para Pemex, CFE, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), el ISSFAM, Banjército, el Instituto Nacional Electoral (INE), y las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Educación Pública (SEP), entre otras.
Información obtenida por ejecentral, a través de más de 60 solicitudes de información, se comprobaron los gastos que hicieron 25 dependencias y entidades en los últimos 12 años. De todo ese universo de instituciones, las que más dinero pagaron a las Fuerzas Armadas fueron Pemex, la CFE, Pemex Refinería en la Subdirección de Producción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el INE.
El Ejército recibió nueve mil 117 millones 596 mil 10 pesos y la Marina 3 mil 517 millones 328 mil 409 pesos. En todos los casos, las leyes hacen responsable a las Fuerzas Armadas de la protección de las instalaciones de estas entidades federales.
Las dependencias traspasaron los recursos a Sedena y la Armada, quienes a su vez lo entregaron a la Tesorería de la Federación como ingresos extraordinarios que, de acuerdo a la ley, la Secretaría de Hacienda puede destinarlos a cualquier programa o gasto del gobierno federal -que no necesariamente son para programas del Ejército o la Marina-, porque no fueron etiquetados por el Congreso.
De acuerdo con la respuesta de la SHCP a la solicitud de información con número de folio 0000600323516, los ingresos excedentes que de 2005 a septiembre de 2016 generaron la Sedena y la Semar, y que fueron entregados a la Tesorería de la Federación, ascendieron a 16 mil 138 millones 696 mil 334 pesos; de ese total, en el caso de la Defensa Nacional fue de 11 mil 611 millones 954 mil 183 pesos, y 4 mil 526 millones 742 mil 151 pesos de la Marina. En ambos casos, Hacienda aseguró que carece de competencia para conocer la utilización o proceso que se les da a esos ingresos excedentes, incluso respecto a 2004 refirió no contar con la información disponible.
Lo cierto es que Hacienda sí debe contar con un control administrativo estricto, sobre su recepción y destino final. Sin embargo, este semanario comprobó que no se da un seguimiento muy pulcro a todo este dinero y simplemente no se reporta a detalle. A partir de un seguimiento derivado de las diversas solicitudes de transparencia, que 758 millones de pesos de los montos que Conagua, Pemex, CFE, ISSFAM, Telecomunicaciones de México (Telecomm) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares reportaron haber pagado a las Fuerzas Armadas por seguridad y patrullaje no fueron reportados por la Sedena y la Semar. Sin que por ello exista hasta ahora una auditoría o investigación.
¿Salen caros?
Con los datos recabados se confirmó que los servicios prestados por los soldados y marinos pueden ser considerados uno de los más caros, porque los despliegues fueron en un número reducido y por un costo alto, no obstante la poca información que se obtuvo sobre el número de efectivos destinados en las tareas de seguridad y vigilancia de las entidades del gobierno federal, ya que en su mayoría fue declarada reservada.
De 2006 a 2011 el Ejército informó haber desplegado entre 2,400 y 3 mil efectivos por año para el resguardo de una decena de instalaciones estratégicas del país. En el caso de Marina, el cuidado de cuatro instituciones de 2011 a 2015 implicó la ocupación total de 5 mil 873 elementos, en promedio mil 170 marinos cada año. Considerando el salario mensual promedio que durante 2006 a 2011 percibió un soldado de los 14,905 elementos que la Sedena dijo haber empleado en ese lapso para seguridad de las instalaciones estratégicas, en suma con el gasto de operación que el Ejército recibió en ese periodo, que fue de 2 mil 109 millones 786 mil 518 pesos, el costo aproximado de cada soldado anualmente fue de 717 mil 548 pesos.
Las más gastalonas
Año con año, las secretarías y paraestatales incrementaron la cantidad de recursos que pagaron a militares y marinos. Los casos más emblemáticos, con base en la información que las mismas instituciones entregaron a ejecentral fueron los casos de Pemex y la CFE, cuyos montos de 2004 a 2015 se dispararon en 469% y 296%, respectivamente, debido a que ambas instancias cuentan con una amplia red de instalaciones estratégicas en los ciclos económicos y productivos del país.
El resguardo de complejos petroquímicos, procesadores de gas, refinerías, sectores de ductos y terminales marítimas, de almacenamiento y reparto, entre otras, significó que Pemex pagara al Ejército y la Marina por la seguridad y patrullaje de esas instalaciones 139 millones 259 mil pesos en 2004, monto que aumentó gradualmente y para el primer año del sexenio de Felipe Calderón ya superaba los 155 millones 230 mil de pesos. En 2015, la erogación fue seis veces mayor: 792 millones 692 mil 768 pesos. Sin embargo, los reportes del robo de ductos y poliductos, por ejemplo, sigue creciendo cada año.
Pese a la derrama millonaria para resguardo de sus instalaciones, Pemex reporta que cada día se pierden entre 23 mil y 27 mil barriles, además del robo de combustibles por perforación ilegal se calcula que en los tres primeros años de gobierno de Peña Nieto se superó en más de 57 mmdp el quebranto económico para la paraestatal.
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Análisis de Riesgos en Seguridad de la consultora Etellekt, con base en información de Pemex, en los últimos 15 años se han denunciado 20,892 perforaciones ilegales en la red de ductos de Petróleos Mexicanos, de las cuales 14,983 tomas (equivalente al 72% del total) se presentaron desde enero de 2013.
Para la vigilancia y resguardo de la paquetería electoral, así como el despliegue operativo que se lleva a cabo durante los comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) gastó en 2006 un monto de 54 millones 118 mil pesos.
Para las siguientes elecciones federales en 2012, el dinero destinado a los militares encargados de esas labores subió a los 79 millones 336 mil pesos.
Hacia 2015, en el que se celebraron procesos electorales estatales, el monto creció en más de 105 millones 646 mil pesos. En total el Instituto Electoral destinó 781 millones 454 mil 143 pesos para 2004-2015.
