Estamos viviendo una época donde predomina el miedo, existe ansiedad entre gran parte de la población ante la posibilidad de que en cualquier momento alguien llegará y les robarán su celular o encontrarán sus hogares allanados.
En marzo de 2017 la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que el 72.9% de los ciudadanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro. https://bit.ly/2o0qh68
Esta sensación de inseguridad se deriva de factores como la presencia de conductas delictivas o antisociales que se desarrollan en el entorno social de las personas, esto provoca cierta normalización de la violencia y nos insensibilizamos para lidiar con ella.
En los últimos veinte años se ha apostado por la estrategia de persecución del delito, es decir, que la agenda política se ha centrado en combatir el crimen en todas sus expresiones, no obstante, en lo que respecta a la prevención del delito, esta no ha recibido la suficiente atención.
Las políticas de prevención de la violencia deben estar a la par que las estrategias de combate a la delincuencia y cualquier otro proyecto en materia de seguridad.
Aunque este tema apenas recibe el 1% del presupuesto federal, debe verse más allá de un mero programa, puesto que debe procurarse no sólo a las víctimas potenciales sino también a los que están en riesgo de cometer el delito.
Si bien nuestro país afronta una crisis de seguridad, los delitos ocurren en cualquier parte del mundo, ya sea por la pobreza y falta de oportunidades, las pandillas y los guetos, la violencia doméstica y los asaltos sexuales, cualquier persona puede llegar a experimentar la victimización.
Las estrategias de prevención del delito deben cumplir con tres aspectos básicos: disuadir al posible perpetrador, atender las causas de la criminalidad y disminuir la oportunidad de cometer el acto delictivo, simultáneamente, además se deben reforzar las sanciones para quienes hayan incurrido en este tipo de actos.
De acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, de los proyectos propuestos por las autoridades locales, sólo el 21% de ellos cuenta con indicadores objetivos que justifican su existencia, el restante o no tiene información suficiente o carece de ella. https://bit.ly/2sEvO4C
En este sentido, es importante resaltar que existen herramientas y manuales proporcionados por organismos internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) quien considera que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier sistema de justicia penal, por lo que el control de la delincuencia debe contemplar hacer valer el Estado de Derecho y proteger a los grupos vulnerables por igual.
El diseño e implementación de cualquier programa de prevención del delito no puede estandarizarse, este debe abordarse multidimensionalmente, desde la historia, la estadística, hasta los aspectos psicosociales, a fin de identificar objetivamente las problemáticas que subyacen en esta descomposición social que nos aqueja, y las políticas públicas por sí mismas serán insuficientes si no se apuesta por la cooperación entre comunidades, académicos, sociedad civil e instituciones públicas y privadas. *Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n
