Las luchas internas y el descabezamiento de los principales capos de la droga fragmentaron el crimen organizado. Los cárteles se disolvieron en grupos más pequeños y locales, aumentaron los delitos y detonaron más focos rojos de criminalidad y violencia en el país, lo que hace más difícil su combate, sostiene el informe Crimen Organizado y Violencia en México, elaborado por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, California.
Para atender las nuevas condiciones del fenómeno, los analistas e investigadores de Estados Unidos coinciden en que reactivar la cooperación bilateral de la Iniciativa Mérida podría mejorar el combate a este fenómeno, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que si el replanteamiento de esos apoyos por parte del gobierno de Estados Unidos no se enfoca en el desarrollo, la aportación de esos recursos será cancelada.
Pero en el documento se insiste: “Organizaciones internacionales y los programas de asistencia bilateral deberían trabajar estrechamente en México para ayudar a capacitar a la policía y los fiscales para llevar a cabo investigaciones criminales y procesos penales más eficaces y de mayor alcance hacia las empresas criminales”.
Los investigadores apuntan a lo que definen como situación crítica que debe ponderar y atender el gobierno de López Obrador: la creciente violencia política y los ataques a periodistas.
Según el estudio, de las estadísticas más recientes se advierte que la tasa de asesinatos de políticos locales es un reflejo de los esfuerzos de grupos del crimen organizado por obstruir el buen gobierno, o al menos contar con la protección de políticos corruptos, especialmente a nivel municipal.
“Tan altos niveles de violencia política no se encuentran en ningún otro país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y existe un grave riesgo de que los problemas de corrupción y violencia se agraven al grado de socavar el sistema democrático en México“, concluye el reporte.
Para hacer frente a ese fenómeno, reiteran los investigadores, el gobierno mexicano requiere de ayuda gubernamental internacional y esfuerzos compartidos con organismos no gubernamentales que se enfoquen en promover la aplicación de una la ley estatal y local más efectiva que garantice la protección de los candidatos locales y funcionarios gubernamentales que están bajo amenaza de bandas del crimen organizado, a la par de redoblar los esfuerzos por combatir los indicadores de corrupción precisamente en los niveles estatal y municipal.
La referencia más clara del detrimento que se agudizó en torno a la protección de políticos de los tres niveles de gobierno y los periodistas en México fue el año pasado, que en periodo de elecciones, el cierre del año significó el más violento en la historia reciente no sólo para comunicadores y funcionarios o candidatos.
Se marcó un récord de asesinatos de alcaldes, candidatos a alcaldías y exalcaldes, con un saldo de 37 víctimas, que incluyeron a miembros de prácticamente todos los partidos; así como el asesinato de 16 periodistas o trabajadores en los medios de comunicación que se concentraron en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero y estado de México.
Para 2019 el panorama conforme a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública no son favorables, pues bajo el contexto de que la tasa de homicidios dolosos ha empeorado gradualmente desde 2015 es probable que para finales de este año se produzca una tasa similar con la que cerró 2018 que fue arriba de los 27.3 por cada 100 mil habitantes.
Analistas de Estados Unidos advierten que reactivar la cooperación bilateral de la Iniciativa Mérida podría mejorar el combate al “fenómeno hidra”, como se le denomina al hecho de que decapitar a un cártel da origen a otros más peligrosos.
El cambio de modelo
Bajo el riesgo latente de que este año supere a 2018 como el más violento en la historia reciente del país, con base en las estadísticas oficiales de homicidios, el informe Crimen Organizado y Violencia en México de la Universidad de San Diego, California, advierte que el cambio gradual que se ha ido generando en la reestructuración del narcotráfico, con el surgimiento de nuevos grupos de la delincuencia organizada, ha causado un repunte en los índices de violencia que, aunque pareciera algo generalizado, se focaliza en ciertas regiones y estados del país.
“En los últimos años, la naturaleza de la violencia ha cambiado a medida que las organizaciones de narcotraficantes o cárteles se han vuelto más fragmentados, descentralizados y han diversificado sus actividades. Esto ha contribuido a una proliferación de organizaciones criminales más pequeñas, regionales, locales y un conjunto más complejo de retos para el gobierno mexicano”, señala el informe.
A partir del análisis de los últimos datos disponibles sobre tendencias y cifras de homicidios, los contextos de la violencia y las perspectivas que se tienen con el gobierno de López Obrador, los investigadores del proyecto Justicia en México reconocen que aunque es demasiado pronto para decir que el nuevo gobierno logre bajar la ola de violencia dentro de los primeros años de su administración, tal y como el propio Presidente se ha comprometido, advierten que a cinco meses del inicio de su gobierno “no está claro cómo es que el gobierno del presidente López Obrador será capaz de lograr un progreso significativo hacia ese objetivo o qué opciones de política son las más efectivas para hacerlo dentro de un plazo de seis años”.
De acuerdo con el documento consultado por este periódico, la ruta para que la Cuarta Transformación consiga la anhelada “pacificación del país” se vuelve una carrera de obstáculos, debido en gran medida al efecto hidra —cortar una cabeza de la bestia (cártel) para que surjan más igual de peligrosas—, que se heredó desde por lo menos los últimos 12 años.
Entre las recomendaciones que hace la organización estadounidense para atender el tema de la creciente violencia es replantear la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que incluía el intercambio de recursos, capacitación e inteligencia, entre otros, lo que podría significar un impulso para disminuir los altos índices de crímenes en el territorio mexicano.
Otro de los puntos que incluye la décima edición de este informe escrito por Laura Calderón, Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, es la Guardia Nacional, sobre la que cuestiona si una estrategia con base en la puesta en marcha de un nuevo cuerpo de seguridad policial —que comparan con la iniciativa de la Gendarmería Nacional que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto— es capaz de reforzar la aplicación de la ley a nivel estatal y municipal, y ofrecer respuestas efectivas a los problemas de inseguridad en las comunidades.
Sobre los planes a futuro de esa nueva entidad de seguridad pública, el presidente López Obrador también dejó en claro el pasado lunes 6 de mayo que las operaciones de la Guardia Nacional son “un complemento”, toda vez que la base de la estrategia que impulsa su gobierno se enfoca en atender las causas que originan la violencia, es decir, “lo fundamental va a ser que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes (...) No se atendía la demanda de seguridad pública; entonces, por eso se creó la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Que haya presencia en todo el territorio”.
Fuerza no, desarrollo sí
El presidente López Obrador lo ha dicho en más de una ocasión al hablar sobre el cambio de paradigma en cuestión de seguridad y sostiene que: “se acabó la guerra, nosotros tenemos una estrategia distinta”. Lo cierto es que los expertos de Justicia en México coinciden en que aún con un cambio de planes en el actual gobierno los pronósticos no son favorables y el panorama para combatir al crimen organizado se percibe más complejo a causa de esa fragmentación de organizaciones delictivas.
Tan altos niveles de violencia política no se encuentran en otro país de la OCDE, y existe un grave riesgo de que los problemas de corrupción y violencia se agraven al grado de socavar el sistema democrático en México.” Informe Crimen Organizado y Violencia en México
En el apartado de observaciones y recomendaciones finales del estudio el planteamiento que dejan sobre la mesa los investigadores es claro, México debe dar un giro a sus relaciones de cooperación con Estados Unidos en cuanto a la reorientación de recursos compartidos, así como del sector privado, fundaciones y organizaciones civiles para mejorar el monitoreo y análisis de los desafíos para garantizar el Estado de derecho en México, principalmente los retos asociados al combate al crimen organizado.
Sin embargo, indica el estudio que “aun cuando la crisis de seguridad en México ha empeorado recientemente, los principales donantes se han reducido o han sido rechazados por completo para apoyar el trabajo enfocado en abordar los desafíos del Estado de derecho en México”.
El diagnóstico de la asociación no es del todo errado. La respuesta del presidente López Obrador ha sido determinante en ese sentido y en cuanto a la colaboración del gobierno estadounidense, el mandatario mexicano dijo el mes pasado en su comparecencia de la mañana que, aunque no busca confrontarse con el gobierno de Donald Trump, pues se inclina por una relación amistosa, “al mismo tiempo respetuosamente estamos pidiendo que se atienda el problema con desarrollo, con creación de empleos, lo que no se ha hecho. Nosotros ya no queremos el Plan Mérida”.
La cooperación de Iniciativa Mérida se impulsó desde la administración del presidente George W. Bush (2000-2008) y continuó en el gobierno de Barack Obama (2008-2016), pero durante la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto y con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el acuerdo aunque persistió se fue deteriorando derivado de las tensiones entre ambos países, lo cual parece “haber socavado la estrecha cooperación policial y de seguridad lograda en las pasadas administraciones estadounidenses”, reconoce el análisis.
El tema fue abordado de nueva cuenta en la conferencia del martes de esta semana, en la que aseguró que la Cancillería estaba negociando las nuevas condiciones en las que se desarrollaría la cooperación:
“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”.
No obstante, terminó por matizar su postura: “La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”, respondió el presidente Andrés Manuel sobre el futuro de dicha cooperación.
El mandatario también descartó que fuera necesario el financiamiento para entrenar a la Guardia Nacional u otros elementos, porque tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina contaban con la capacidad y las escuelas para la formación de los guardias.
Focos encendidos
Con la extradición y posterior enjuiciamiento de Joaquín El Chapo Guzmán en una Corte federal de Estados Unidos, el Cártel del Pacífico resintió una fractura interna que de alguna forma —señala el informe dado a conocer a finales de abril— el Cártel Jalisco Nueva Generación, escindido a su vez del mismo cártel que lideraba El Chapo Guzmán, aprovechó para fortalecer y expandir sus operaciones en le territorio.
Pero las cruentas pugnas internas que a su vez libró el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, dieron origen a que pandillas y grupos derivados de la misma organización intensificaran sus actividades con un incremento de la violencia y la pelea territorial en ciudades y comunidades de forma más focalizada.
Por ejemplo, con base en la información recopilada y analizada por los investigadores, el deterioro de las condición de violencia en Tijuana, Baja California, se intensificaron entre 2013 y 2017, cuando se ubicó entre las ciudades con la mayor cantidad de muertes intencionales.
Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso
de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República
Y fue 2017 el año en el que a nivel estatal Baja California se situó entre los primeros lugares a nivel nacional con más muertes violentas con un registro de mil 92 asesinatos, comparado con el del estado de México, que tuvo un saldo de dos mil 41 homicidios; Veracruz y Chihuahua con mil 641 y mil 369 homicidios, respectivamente, mientras que la lista la encabezó ese año Guerrero, con un total de dos mil 318 casos.
Ya desde febrero de este año un informe de la agencia estadounidense Stratfor, especializada en servicios de inteligencia, alertaba que las fracturas entre los principales cárteles sería un fenómeno que muy probablemente permanecería durante 2019, provocando que las luchas por el control en los territorios mantengan a estos grupos enfrascados en “guerras terribles”, propiciando que “a medida que continúe la balcanización de los cárteles, también lo hará su propagación a delitos no relacionados con drogas, sino a actividades como la extorsión, el secuestro y el robo a transporte de carga, así como de combustible”.
Como ejemplo de ese fenómeno de desintegración de las organizaciones, el análisis del proyecto Justicia en México apunta que, derivado de una revisión de los datos disponibles en cuanto a la cifra de muertes violentas en el país, se evidencia que muchos de esos homicidios cometidos en años recientes tienen características asociadas al estilo del crimen organizado, las cuales tienen que ver con señas de tortura en las víctimas, decapitaciones, desmembramiento, uso de fusiles de asalto, dejar mensajes amenazantes, el entierro ilegal de los cuerpos en fosas clandestinas, así como multihomicidios al azar o un determinado grupo, como fue el caso reciente de la matanza ocurrida durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz, el pasado 19 de abril.
Percepción equivocada
Casos emblemáticos donde la pugna de organizaciones antagónicas han mostrado los efectos más adversos de la violencia, lo representa Guanajuato, entidad en donde la inseguridad creció y alcanzó una tasa de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes y se concentró en ciudades como Irapuato y León, con una cifra de 374 y 350 asesinatos, respectivamente.
López obrador descartó que sea necesario el financiamiento de la iniciativa Mérida para entrenar a la Guardia Nacional, porque tanto la Defensa como la de Marina cuentan con la capacidad y las escuelas para la formación de los guardias.
Pero la misma tasa de muertes intencionales alcanzó también localidades más pequeñas dentro del estado como son Apaseo El Alto, Cortázar, Jarral el Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Salvatierra y Santiago Maravatío.
La causa, apunta el informe, tuvo que ver con el surgimiento del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual se cree también de desprendió del propio Jalisco Nueva Generación, para después confrontarse en sangrientas peleas por el robo de hidrocarburos, y que ha mostrado su capacidad operativa y en armamento, pues ese delito representaba alrededor del 90% de sus ingresos.
Con base en la información de inteligencia de las agencias estadounidenses, y los propios informes del gobierno de México, incluyendo los reportes de Pemex, Guanajuato desde 2017 se ha consolidado como la entidad con más tomas clandestinas, y es donde se ha concentrado la disputa por el control del corredor conocido como “el triángulo de las Bermudas”, que abarca ciudades de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Apaseo, donde, como su nombre lo indica, se trata de un territorio en el que se focaliza la incidencia del robo de hidrocarburos, pues es ahí donde más pipas que transportan el combustible desaparecen.
Por lo tanto, una de las conclusiones del informe es que el crimen violento se ha extendido, pero no obstante permanece concentrado en un pequeño número de ubicaciones (ciudades y localidades).
Si bien hay una percepción general de que la violencia en el país es generalizada en todo el territorio, apunta, en realidad se encuentra “altamente localizada, es esporádica y se ha manifestado en puntos geográficamente específicos a lo largo de los últimos años”.
El análisis plantea que entre los desafíos que el presidente López Obrador tiene por delante es lograr que las investigaciones no sólo sean contra los principales liderazgos de las organizaciones criminales, sino de toda su estructura, entendiéndola como “una empresa criminal”, incluyendo a políticos y empresarios corruptos que favorecen el lavado de dinero, para que esos grupos escindidos que compiten por la sucesión del mando se vean realmente debilitados.
1,600millones
de dólares fueron autorizados por el Congreso de EU en 2008 para ofrecer, en un lapso de tres años, equipo y entrenamiento a las fuerzas mexicanas.
