Inicia carrera para evitar que Borge salga de prisión

jonathanjnd@ejecentral.com.mx El gobierno de México cuenta con un plazo de 60 días naturales para ampliar las acusaciones judiciales en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo, detenido en Panamá el pasado domingo 4 de junio o de lo contrario cabe la posibilidad de que no se le juzgue por otros delitos e incluso enfrente su proceso judicial en libertad. Por esa razón, la Fiscalía General de Quintana Roo trabaja de forma conjunta con las autoridades federales para allegar a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) de mayores elementos de prueba y “sugerencias” para determinar si se amplía o no el número de casos judiciales en contra del político priista.

“El fiscal general del estado está trabajando de manera permanente para incorporar, proporcionar información y sugerencias de las indagatorias, pero será la autoridad federal la que determine si a partir de la información que se está proporcionando se amplían los delitos”, dijo a este semanario, Felipe Ornelas Piñón, coordinador de comunicación del gobierno del estado.

El lunes 5 de junio, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Alonso Lira Salas, confirmó que la captura de Borge Angulo respondió al cumplimiento de la orden de aprehensión librada por un juez de distrito de ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, el 31 de mayo de este año, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación de dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que existe la posibilidad de que si en el período de 60 días naturales que establece el proceso de extradición a Roberto Borge no se le aumentan más casos judiciales, podría ser extraditado y llevar su juicio en libertad.

En todos los tratados de extradición existe el principio de especialidad, que establece que la persona sujeta a extradición sólo será entregada al país que la requiere con la condición de que será procesada por el delito que motivó su extradición, y no se le podrá juzgar por otros delitos (…) En Panamá existen diversos recursos judiciales para evitar la extradición y el proceso puede prolongarse hasta por un año”, advirtió el abogado penalista, Gabriel Regino García.

›El martes, la procuraduría nacional de Panamá llevó ante el Tribunal Superior de Apelaciones al exmandatario mexicano para la audiencia de control, en la que los magistrados declararon legal su detención, y Borge Angulo rechazó allegarse al proceso de extradición.

“Es señalado presuntamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y tratar de ocultar bienes. Del posible desvío de 167 millones de pesos mexicanos en contratos de compra y venta de pagos de bienes inmuebles del estado de Quintana Roo”, indicó la autoridad panameña.

Una red más grande

A partir de la revisión de expedientes y reportes de inteligencia, ejecentral documentó cómo fue que durante la administración de Borge Angulo se le dio continuidad a una trama de complicidades que involucró a tres exgobernadores, sus familiares; alcaldes del PRI y PAN; funcionarios estatales y federales, así como empresarios nacionales y extranjeros, notarios públicos y al menos una treintena de empresas que favorecieron el despojo de al menos 1.8 millones de metros cuadrados de terrenos de playa, valuados como joyas del Caribe, así como predios urbanos ubicados en siete de 11 municipios de la entidad. Según las denuncias de la organización civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, presentadas el 28 de noviembre del 2016 contra al menos 11 presuntos prestanombres de Borge Angulo, en esta red de complicidades se incluye la probable participación de Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador; Samuel Jiménez Moreno, socio gasolinero en Cancún, Francisco Ruiz Anitúa, señalado como compadre de Roberto Borge, y Jorge Luis Cárdenas Bazán. Las pesquisas de la PGR se han ampliado hacia 30 de sus socios y prestanombres de Borge Angulo, incluyendo al actual diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristóbal Gaudiano Rovirosa, y a Raúl Gilberto Ramos Espinosa, presuntos socios del Grupo Desarrollador Rumega, empresa que se vio favorecida durante la administración de Borge con millonarios contratos de obra pública.

Avanza extradición de Duarte

Luego de que el pasado miércoles 7 de junio, el gobierno mexicano solicitara formalmente a las autoridades de Guatemala la extradición de Javier Duarte de Ochoa, se informó que el proceso para llevar ante la justicia mexicana al exgobernador de Veracruz podría demorar de seis meses hasta un año. “Va a depender mucho de la defensa que tramite el reclamado. Nosotros estimamos que sea de seis meses a un año este proceso”, declaró el subprocurador Jurídico y de Asuntos internacionales de la PGR, Arturo Elías Beltrán, en alusión a Javier Duarte, quien es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.