En el primer semestre del año el financiamiento conjunto para los 10 programas de seguridad pública considerados como prioridad nacional sólo alcanza un 7% de los recursos ejercidos. Significa que pese a reconocer “la crisis de violencia e inseguridad que vive el país”, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ninguno de esos proyectos ha ocupado más del 14% de los recursos autorizados.
De acuerdo con el anexo del ‘Financiamiento conjunto para los Programas de Seguridad Pública’ contenido en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, en total para los 10 programas con prioridad nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para 2019 se autorizó un monto total por 9 mil 371 millones 800 mil pesos, de los cuales al 30 de junio se habían ejercido sólo 665 millones 500 mil pesos.
Salvo el concepto de ‘Seguimiento y Evaluación’, los 10 programas considerados como prioridad de las que se derivaron los ejes estratégicos y programas para la seguridad pública alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los cuales abarcan desde la conformación de políticas públicas para la prevención de la violencia; el desarrollo, profesionalismo y certificación de los cuerpos de policía del país; fortalecer el sistema penitenciario; el Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
Así como la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, entre otras, pero ninguna ha ejercido más del 14% de los recursos que les fueron destinados para este año fiscal, el cual culminará en cuatro meses, es decir, el próximo 31 de diciembre.
Del total de programas de seguridad pública el que tiene que ver con el fortalecimiento al Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes es el que registra el menor porcentaje de recursos ejercidos, pues de los 589 millones de pesos que se autorizaron, al primer semestre del año sólo se ha ejercido un millón, equivalente al 0.17 por ciento del monto.
No obstante que la recuperación y dignificación de las cárceles forma parte de las principales medidas del cambio de paradigma en seguridad en el gobierno del presidente López Obrador, resulta el programa que hasta el primer semestre reflejaba la menor cantidad de fondos ejercidos.
Según los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con a las cifras reportadas por cada estado, dentro de los programas con más recursos ejercidos a dicha fecha resulta el del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con un 14.1% de dineros ejercidos.
Seguido del rubro del Desarrollo, Profesionalismo y Certificación Policial y el que tiene que ver con el Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas para la Prevención
de la violencia y la delincuencia con Participación Ciudadana en temas de seguridad pública con un avance del 13.2 y el 8.4 por ciento respectivamente.
En el Primer Informe de gobierno se establece que fue derivado de las dos reuniones Nacionales de Secretarios Ejecutivos, la primera el 4 de enero de 2019, y la segunda el 11 de abril del mismo año; en las cuales se establecieron las políticas y prioridades en materia de seguridad, así como las medidas para optimizar los recursos presupuestarios en temas como: nuevo modelo de policía; Guardia Nacional; fortalecimiento de la inversión en equipamiento, infraestructura y tecnología; profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales, entre otros.
Para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto destinado para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), asciende a 9 mil 371 millones de pesos, que se integra con 7 mil 202 millones de pesos de recursos federales y 2 mil 168 millones de pesos de aportación estatal.
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