El informe de Naciones Unidas que denuncia que al menos 34 detenidos en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados “no sustenta” dichas acusaciones ni aporta “elementos nuevos” para avanzar en el caso, indicó hoy el gobierno de México.
El gobierno agregó que varios casos de las detenciones en el caso Iguala han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.
Señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.
Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”, consideró el gobierno federal.
La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas. El gobierno federal se dijo preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”. Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”. La postura oficial señala que en varias reuniones con la oficina del Alto Comisionado, las autoridades compartieron “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información”. El gobierno de México reafirmó “su determinación por esclarecer plenamente el caso”.
