Designación discrecional en la mayor parte de los cargos públicos; transferencia discrecional del gasto gubernamental; uso opaco de ahorros en la administración pública federal, y predominio abrumador de las adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y servicios, son rasgos que caracterizan a los gobiernos en México y que impiden un combate efectivo a la corrupción.
Esos son las conclusiones a las que llegó el “Informe sobre el Combate a la Corrupción en México. El País y las Entidades Federativas 2021”, elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el cual subraya que los avances para disminuir el flagelo han sido “marginales”.
Sobre los esfuerzos institucionales para erradicar la corrupción —como es el caso de Segalmex, donde se han documentado desvíos por más de 15 mil millones de pesos—, el informe señala que han sido “muy limitados”.
Ejemplo de ello es que persiste la burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción, así como la ausencia de cumplimiento en las tareas asignadas al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Si enfocamos nuestra interpretación de resultados en la cantidad de personas sometidas a juicio y la eficacia para encarcelarles, particularmente en casos notorios y notables, podríamos decir que el Sistema Nacional Anticorrupción está muy lejos de esta pretensión, esto es, prácticamente no funciona”, señala el informe sobre el mecanismo que fue ideado en el sexenio anterior, y en el que las principales instituciones federales y locales se coordinaban para combatir los delitos cometidos desde el poder.
Al hacer un balance sobre los logros obtenidos en los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el texto advierte que “el populismo punitivo en México no solo ha sido ineficaz sino parcial”, pues “convertir a la lucha contra la corrupción en el pretexto ideal para atacar adversarios y proteger a correligionarios sería el peor de los destinos posibles”.
El informe destaca que “se ha encontrado evidencia del sesgo partidista que persiste no sólo en las élites sino en las masas, quienes muestran mayor permisividad hacia hechos cometidos por políticos del mismo espectro ideológico y notable acritud contra políticos del lado contrario”, por lo que “este populismo punitivo no sólo conduce a más corrupción sino a la administración de la impunidad y a una creciente polarización”.
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