El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por haber ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en su lugar aplicó medidas como la austeridad presupuestaria y se delegaron proyectos de infraestructura a las Fuerzas Armadas; aun así, la corrupción prevalece, refiere un informe de la organización Mexicanos contra la Corrupción.
“Las medidas implementadas a nivel nacional para combatir la corrupción no han dado los resultados esperados por la ciudadanía y, pese a un mayor escrutinio público, la corrupción no ha cedido terreno y la impunidad no ha disminuido de manera significativa”, refiere el estudio “¿Qué pasó con el combate a la corrupción?”, publicado este martes por la organización civil.
Según la investigación, al revisar las políticas anticorrupción del presidente López Obrador, se identificaron graves deficiencias y faltantes, tales como haber incumplido con 78% de las acciones necesarias para combatir la corrupción, además de que existen al menos 14 leyes que debieron haber sido modificadas, pero hoy siguen intactas.
Diseñado e instrumentado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el SNA es un entramado de instituciones federales, estatales y municipales que busca coordinar los esfuerzos para combatir la corrupción. Su puesta en marcha fue compleja debido al elevado número de actores, leyes y dependencias involucrados.
En 2020, el SNA creó la Política Nacional Anticorrupción (PNA), instrumento que por primera vez definía metas, acciones y tramos de responsabilidad. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador, proclive a desdeñar las políticas públicas de sexenios anteriores, ignoró y hasta debilitó la nueva iniciativa.
Al contrastar los resultados reportados desde el gobierno federal en materia anticorrupción con los compromisos contemplados en la PNA, se observa que el gobierno, lejos de tomar en cuenta este instrumento, ha omitido sus disposiciones. Incluso, pareciera que ha buscado debilitar la capacidad del SNA para coordinar y orientar los esfuerzos de las instituciones que lo conforman, restringiendo la posibilidad de articular respuestas integrales en los tres órdenes de gobierno”, subraya el informe de Mexicanos contra la Corrupción.
Según el informe, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que se desprenden de él, sencillamente ignoraron las metas fijadas en la Política Nacional Anticorrupción, lo que fue ahogando los esfuerzos para que el SNA se convirtiera en una maquinaria que disuadiera, detectara y sancionara las malas prácticas.
El estudio revela que de las 34 acciones sugeridas por la PNA en materia de combate a la corrupción y la impunidad, el gobierno federal sólo atendió tres; de las 44 acciones para combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, sólo se instrumentaron cuatro; de las 36 medidas para promover la mejora en la gestión pública, sólo se atendieron 11, y de las 25 recomendaciones para involucrara a la sociedad y al sector privado en la lucha anticorrupción, sólo se aplicaron dos.
Así, lejos de que los esfuerzos del gobierno federal contra la corrupción estén alineadas con el SNA, en ocasiones obstruyen los esfuerzos por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a las malas prácticas en el manejo de recursos públicos, alerta el informe.
La agenda legislativa de 2018 a la fecha ha estado enfocada en nuevas leyes que, en algunos casos, van en contra de los principios del SNA, como la ley de austeridad republicana. La falta de armonización en la normativa actual restringe significativamente la capacidad del Sistema y de las instituciones que lo conforman para desarrollar de manera efectiva la coordinación necesaria para investigar casos de corrupción sistémica”, advierte el documento.
La Ley de Austeridad Republicana han afectado a las instituciones que conforman el SNA con recortes económicos, de personal y de insumos, comprometiendo su eficiencia y operatividad. Es decir, la austeridad ha erosionado las instituciones encargadas de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos y se ha vuelto en una aliada de la corrupción, de acuerdo con el informe.
Es así que el presupuesto destinado al ramo de Función Pública tuvo en 2023 su menor presupuesto en la última década, con mil 533 millones de pesos, menos de la mitad de lo que se ejercía en 2016, año en que se comenzó a construir el SNA.
De igual forma, el presupuesto destinado a instituciones anticorrupción (como la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) tuvo en 2023 un mínimo histórico, con apenas 5 mil 819 millones de pesos, es decir, 67% de los 8 mil 650 millones que se destinaban en 2016.
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