De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Vinculación y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, el permitir que los partidos políticos puedan reintegrar el remanente del financiamiento público que se les asigna antes de que se realice la fiscalización a cargo de dicho organismo, violaría a la autoridad electoral, pues ésta es la única instancia facultada para determinar el monto de los remanentes.
Lo anterior dijo luego de la sentencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se determinó la invalidez de las reformas que permitían a los partidos políticos reintegrar remanentes de su financiamiento, asimismo, la Consejera agregó que el INE debe determinar en última instancia si existen sobrantes, más no
los partidos.
“Para la consolidación de gobiernos democráticos es fundamental entender que las leyes deben trabajar a favor de la colectividad y no para los propósitos de las fuerzas políticas en el poder”, señaló.
Asimismo, se “elimina la posibilidad de que la autoridad hacendaria destine los recursos” de forma discrecional, esto al invalidar el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual brindaba facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para usar fondos devueltos por los partidos en lo que quiera.
La reforma propuesta por Morena favorece a los partidos mayoritarios (que son los que más dinero reciben del INE), en el caso de dicho partido recibirá hasta mil 837 millones de pesos en 2023, es decir, 66% más que el PAN y 70% más que el PRI, advirtieron algunos ministros de la SCJN desde la sesión del 12 de septiembre.
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Debido a que los reintegros pueden ser utilizados como propaganda, con lo anterior los partidos políticos que reciben menos financiamiento podrían estar en situación de desventaja al poner en riesgo su operación ordinaria y no podrán renunciar a la misma cantidad de recursos que reciba el partido de mayor financiamiento público.
El grupo parlamentario de Morena impulsó esta reforma luego de que el partido tuviera problemas para devolver 200 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TF) para comprar vacunas contra el Covid-19 a finales de 2021. Cuando solicitó devolverlo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) respondió que no se cumplía con los requisitos establecidos en los lineamientos en la materia que habían sido previamente aprobados por el INE.
Dichos lineamientos establecen que la renuncia se debe realizar antes de que se les sean ministrados los recursos, y en ella se deben de prever las deducciones por sanciones, en ese sentido consideró que no era viable la renuncia planteada.
Dania Ravel señaló que “nuestra democracia requiere la existencia del Estado de Derecho, lo cual solo se puede lograr con la oportuna emisión de leyes que beneficien a la ciudadanía y no a intereses de fuerzas políticas”, asimismo, la SCJN juega un papel importante para la consolidación del sistema democrático.
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