Este jueves, Morena y el gobierno federal resintieron dos reveses del Instituto Nacional Electoral (INE). Luego de multar a la asociación “Que siga la democracia” por haber entregado casi 15 mil firmas de personas fallecidas en la consulta de revocación de mandato, el Consejo General del instituto canceló las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal al PRI de los casos Odebrecht y la operación Safiro.
“La negativa a colaborar por parte de la Fiscalía General de la República, aduciendo el secreto ministerial”, explicó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova fue el motivo principal para determinar el sobreseimiento de ambos casos en los que no fue posible determinar la infracción al PRI por el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.
Y es que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron a la FGR entregar a la autoridad electoral información y pruebas de ambos casos, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero fue omisa, e incluso el consejero presidente reiteró que la propia Fiscalía interpuso “recursos jurídicos” ante la SCJN para evitar hacer entrega de la documentación.
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En el caso de la multa por 5.3 millones de pesos en contra de la asociación “Que siga la Democracia” por haber presentado 14 mil 940 firmas de personas fallecidas para validar la consulta de revocación de mandato, las autoridades electorales consideraron dicha maniobra como una falta “grave, especial y dolosa”.
Por este motivo, el INE determinó dar vista tanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ante el probable uso indebido de datos personales, así como a la FGR por la posible comisión de diversos delitos que incluyen el mal uso del padrón electoral.
Además de vulnerar la norma con las firmas de muertos, dicha asociación ligada a Morena intentó confundir a la ciudadanía usando el término de “ratificación” en lugar de revocación de mandato, y haber mantenido propaganda en espacios públicos del gobierno en contra de los principios de norma de neutralidad e imparcialidad.
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