La Procuraduría General de la República (PGR) informó que investigarán la actuación de servidores públicos de la institución, entre los que se encuentra Tomás Zerón, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, en relación con los hechos del 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones de Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
En un comunicado, la dependencia precisó que la víspera la Oficina de Investigación del Caso Iguala adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General. LEER MÁS | La ONU-DH contradice a Zerón
El domingo pasado, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer un video donde Zerón acudió al río San Juan con Agustín García Reyes el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se encontrarán bolsas con supuestos restos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ayer, el funcionario defendió su posición frente a los señalamientos del grupo de expertos señalando que no hizo nada ilegal en su diligencia y señaló errores en fechas y horas señalados por el mismo GIEI en su último informe del caso.
En respuesta, el GIEI solicitó la destitución del funcionario federal para que se iniciara una investigación independiente sobre su actuación.
Además, la oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México negó las aseveraciones de Tomás Zerón con respecto a que representantes estuvieron en el día y hora en que se encontró en las inmediaciones del río San Juan, como aseguró en rueda de prensa el día de ayer.
Asimismo, se dio intervención al Órgano Interno de Control para que en el ámbito de sus atribuciones determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La PGR precisó que la Visitaduría General, como lo establece el Artículo 21 de la ley orgánica de la institución, es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evolución, técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de los agentes de la Policía Federal Ministerial.
También de los oficiales ministeriales, de los peritos y demás servidores públicos de la institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que llevan a cabo, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran.
