Las autoridades mexicanas incrementaron en 2022 la vigilancia de los usuarios en las redes sociales Facebook e Instagram.
En el segundo semestre de ese año, México rompió récord sobre solicitudes gubernamentales de información sobre usuarios de dichas plataformas, al sumar 4 mil 272 peticiones en un semestre.
El informe más reciente de la empresa Meta, de Mark Zuckerberg, sobre solicitudes gubernamentales refiere que, a nivel América Latina, la injerencia oficial sólo fue superada por Brasil, donde se hicieron 17 mil 421 peticiones en el mismo periodo.
Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), los gobiernos realizaron 7 mil 747 solicitudes de información de internautas. Las cifras se dispararon desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. En todo 2019 se acumularon 4 mil 390 peticiones, para 2020 fueron 4 mil 980; en 2021 6 mil 640, mientras que en todo 2022 se contabilizaron 8 mil 300, lo que da un total de 24 mil 310 en lo que va del presente sexenio.
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Las demandas gubernamentales sobre información de usuarios de Facebook e Instagram pueden ser legales (solicitudes que van acompañadas de una orden judicial) y de emergencia (cuando se presentan sin recurso legal de promedio).
En el segundo semestre de 2022, 3 mil 036 peticiones de gobiernos mexicanos fueron acompañadas de una orden judicial (71%), mientras que mil 236 (29%) tuvieron el carácter de emergencia.
Para los casos de emergencia, la empresa Meta revela voluntariamente información a las autoridades “cuando tengamos motivos de buena fe para creer que el asunto implica un riesgo inminente de lesiones físicas graves o muerte”.
En su más reciente informe sobre libertad en internet, la organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre”.
El entorno en línea sigue siendo un espacio sólido para la movilización política, el discurso social y las investigaciones periodísticas. Sin embargo, persisten varias amenazas a la libertad de internet en el país. México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, y los periodistas en línea son objeto de acoso, amenazas y violencia física con regularidad, lo que contribuye a un clima de autocensura”, refiere el reporte.
Durante el periodo de cobertura (junio de 2022 a mayo de 2023), “surgió evidencia de que actores estatales, con probables vínculos con el ejército, han seguido realizando vigilancia ilegal de periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados políticos han tomado medidas para socavar a los reguladores”, añade la publicación.
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