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La forma en que se comunica el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sea a través de conferencias mañaneras o en declaraciones en giras de trabajo, ha generado un fenómeno colateral dentro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Las solicitudes de información hacia la Oficina de la Presidencia se han incrementado, y sobre todo, la inconformidad de los ciudadanos ante las respuestas otorgadas, así lo revela en entrevista con ejecentral el comisionado Joel Salas Suárez.
Si se compara el periodo de diciembre de 2012 a marzo de 2013 —cuando entró al poder Enrique Peña Nieto— y diciembre de 2018 con marzo de 2019 —cuando asumió López Obrador— los recursos de revisión han aumentado 555% y las solicitudes de información 71 por ciento. “Prácticamente se genera una solicitud de información pidiendo los documentos que permitan dar sustento a las declaraciones que hizo el Presidente en las mañaneras y de ahí el pico de aumento de solicitudes de información y de recursos de revisión que tenemos”, detalló Salas Suárez.
En cuanto al resto de las instituciones de la administración federal, los datos son claros: la reserva o la inexistencia de información aumentó en 42%.De enero a mayo de 2019 se han alcanzado seis mil 404 recursos de revisión, mientras que en ese mismo lapso en 2018 se interpusieron tres mil 673 recursos ante el Pleno del Inai.
Por ello, argumenta Salas Suárez, en tiempos de la llamada Cuarta Transformación, la función del Inai es convertirse en la institución que le permita a la sociedad ejercer un control democrático del poder y que por medio de la apertura de la información contraste los dichos y los hechos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el IFAI en su momento y el Inai, actualmente, entró a una espiral de resoluciones que le costaron credibilidad, reconoce el comisionado. En 2014 en votación cerrada, el Pleno del Instituto resolvió no presentar una acción de inconstitucionalidad a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cual permite geolocalizar en tiempo real celulares y que las empresas resguarden por dos años la comunicación de las líneas telefónicas.
En 2015, el Inai rechazó la apertura total de las bitácoras de vuelo de las aeronaves de Conagua durante la gestión de su titular, David Korenfeld. Luego, la Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas pese a haber costado 20 millones de pesos.
Otro factor que se sumó al señalamiento fue la nueva forma de comunicarse y relacionarse del Presidente de México. Por las mañanas, Andrés Manuel López Obrador esgrime contra el Instituto de la Transparencia acusaciones de que en lugar de abrir la información, la reserva.
Pero, Joel Salas aclara: “Han sido dos casos los que ha señalado: el de Odebrecht y el de las condonaciones fiscales. Lo que dice el Presidente no es que mienta, porque tiene sentido y su dosis de verdad, pero hay que poner las cosas en una perspectiva temporal”, pues se trata de casos en los que el Pleno del Inai ha evolucionado sus resoluciones a lo largo del tiempo y en el cual, asegura, lo positivo pesa más que lo negativo.
Una mañana sí y otra también el Presidente comenta que el Inai ha negado el acceso la información en, por ejemplo, el caso Odebrecht.
Ha habido en términos retóricos un juego con el Inai y en general con los otros poderes y con los otros organismos autónomos. (…) Esto entra en una nueva lógica de relacionarse del Ejecutivo federal con las diferentes instituciones del Estado mexicano.
Casos pendientes
Respecto a las condonaciones, explica Salas Suárez, la primera resolución que se instruyó fue en 2010 cuando al ahora Inai era IFAI y funcionaba como un desconcentrado del Ejecutivo federal, “y tenía competencia sólo sobre el Ejecutivo y esa resolución no se cumplió”. Sin embargo, narra, resoluciones previas privilegiaron el secreto fiscal por encima de la máxima publicidad.
“Esas resoluciones no han tenido cumplimiento porque está en un amparo que esperemos que pronto el Poder Judicial entre al tema de fondo y que se resuelva ante esta tensión que existe en la información preliminar de 2014 para atrás, que tiene mayor ponderancia, el acceso a la información o bien, la secrecía a través del secreto fiscal de esa información. Y quiero ser muy claro, en las condonaciones nunca se ha dicho que la información se tiene que cerrar y más bien el SAT tiene que cumplir ya con una orden judicial y con las resoluciones del Inai. En ese proceso estamos”.
Respecto a Odebrecht, la mayoría del Pleno consideró no abrir la información en votación seis a uno.”Nosotros esgrimimos que se podía hacer uso de la excepción de la reserva por tratarse de actos de corrupción y fue a partir de octubre-diciembre 2017 y enero y febrero de 2018 que la mayoría del Pleno del Inai cambió de perspectiva”.
El Inai, argumenta, no es un ente inerte sino que en función de las discusiones que se dan en el Pleno las resoluciones cambian. “Ahorita justo está en la cancha de la Fiscalía General de la República, como ente autónomo, de que entregue la versión pública de las carpetas de investigación”.
Pese a los señalamientos, Salas Suárez considera que el Inai no corre peligro de desaparecer. “Esta es una nueva dinámica, una nueva forma de relacionarse con los otros poderes y las otras instituciones del Estado mexicano. Y tenemos ejes de colaboración muy puntuales con dependencias del Ejecutivo federal”.
La Sedena se ha negado a revelar el número de enfrentamientos contra el crimen organizado, pero ¿qué hace falta para que las instituciones acaten las decisiones del Inai?
Ese es uno de los cuales se vencieron los plazos. Nosotros tenemos capacidades de sanción ante un incumplimiento, que van desde una sanción económica hasta el dar vista al Órgano Interno de Control por un incumplimiento a nuestras resoluciones. Tenemos otro que no se ha dado cumplimiento en relación al proyecto de Dos Bocas. El estudio de la viabilidad financiera y económica y el estudio de Impacto Ambiental. Todas las demás tenemos un porcentaje de cumplimiento de 98 por ciento.
“Los procesos han sido más lentos.
El número de recurrencia ha aumentado considerablemente, la calidad de las respuestas prístinas de los sujetos obligados no son las mejores y de ahí que tengamos un aumento en el caso de algunos sujetos obligados de más del 100% de recursos de revisión en comparación con años anteriores”.
¿Y en cuanto a Presidencia?
Hay un incremento considerable de los recursos de revisión que está atendiendo el Inai. Creo que esto obedece a tres factores. Primero, los cambios y las rotaciones en las unidades de Transparencia. Dos, a que ha habido un uso sistemático del derecho de acceso a la información para tratar de confrontar los hechos con los dichos del Presidente y en general de los funcionarios de su gabinete que declaran en las conferencias mañaneras.
Y tres, como ha habido cambios fuertes en una serie de políticas públicas en este gobierno (…) la gente está utilizando sistemáticamente el derecho de acceso a la información para tener elementos y valorar por qué en algunos casos están funcionando o no está funcionando bien las cosas y poder tener certeza de hacia dónde van, cuáles son las proyecciones, pero también cuáles fueron los diagnósticos.
Las instituciones públicas de México pueden dar un paso más allá, adoptando estrategias de #TransparenciaProactiva para informar los gastos en este rubro sin esperar a que se les requiera”.
¿Cuánto han aumentado las solicitudes de información?
En cuanto a la Oficina de la Presidencia, desde diciembre de 2018 a marzo de 2019 se generaron 118 recursos de revisión y 982 solicitudes de información. Y de diciembre de 2012 a marzo de 2013, 18 recursos de revisión y 573 solicitudes de información. Es un crecimiento
exponencial”.
“En mayo superamos los siete mil recursos recibidos y tan sólo en dos semanas, del 9 de mayo al 27 de mayo, recibimos 900 recursos de revisión, es decir, en 15 días recibimos al equivalente del promedio de resoluciones emitidas en cada pleno, en donde se sustancían lo de las últimas semanas. Este mes superamos por primera vez el máximo histórico en cuanto a sustanciación para tener más de tres mil resoluciones en trámite”.
Pareciera que a veces en algunos recursos de revisión no se miden con la misma vara.
En el caso de Tlatlaya son de estos recursos donde hay evolución del Pleno. En un primer momento pedían una información sobre el juicio militar y la mayoría del Pleno determinó que no se tenía que entregar, luego empezó a haber un viraje y cambió la postura.
Por fortuna la Suprema Corte ya nos dijo que sí tenemos la competencia de nosotros pronunciarnos a primera vista cuando hay graves violaciones a los derechos humanos. Normalmente ya hay un criterio claramente definido por parte del Pleno, que es la apertura de la información.
¿Qué compromiso le genera el instituto de determinar a primera instancia si en un caso hay violaciones graves hacia los derechos humanos?
Ese es oxígeno puro. Nosotros el primer caso que abrimos es el de San Fernando, Tamaulipas, y así lo veníamos haciendo con Tlatlaya, Ayotzinapa. Abrimos todos los expedientes del 68, de la guerra sucia y bueno el hecho de que la Suprema Corte confirme la interpretación que hace el Pleno del Inai es muy positiva, porque teníamos el Caso Radilla, con procesos para conocer las investigaciones que podían durar más de 10 años para poder, finalmente, tener acceso a los expedientes.
De los 362 millones 576 mil 574 pesos de multas impuestas por el Inai del 6 de enero de 2012 al 20 de marzo de 2018, el SAT sólo ha cobrado 2.4%; además, 98% de sus resoluciones fueron impugnadas o no han sido cobradas todavía por el Servicio de Administración Tributaria.
Hay un problema y es que la ley prevé la posibilidad de que los particulares puedan recurrir nuestras resoluciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa y normalmente una empresa que recibe una sanción tiene que irse a los tribunales y se va a litigio. Ahí se pueden tardar dos o tres años, entonces es hasta terminado este proceso cuando ya tiene que sonar la caja de la Tesorería de la Federación, en donde la empresa financiera, la aseguradora, ya pagó para cumplir esa multa. Nuestras resoluciones en materia de privados no deberían ser susceptibles de controversia ante los tribunales administrativos, porque se van años para que queden firmes nuestras resoluciones.
En el tema de la plataforma Comisiones Abiertas, sólo están gobiernos de Chihuahua y Quintana Roo, pero faltan sujetos obligados.
Lo que estamos trabajando es extraer la información que está en la Plataforma Nacional de Transparencia y darle visibilización de la información de todos los sujetos obligados a través de la herramienta que nosotros construimos, eso en principio debe de quedar en un mes más.
“¿Por qué se subieron estos gobiernos? Porque tuvieron una actitud proactiva. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para esta administración y que insisto una de las medidas de austeridad fue recortar el ejercicio del gasto en estas partidas presupuestales.
En un ejercicio de reflexión, ¿en qué ha fallado el Inai?
Pienso en la primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, donde se generó todo un debate sobre si había vulneración o no, a los datos personales cuando se hacían intervenciones a las telecomunicaciones y que no se requería de la autorización judicial.
Por una decisión mayoritaria “cuatro-tres”, generó una mala percepción del instituto de cómo no había controvertido esta ley. Luego vino caso Tlatlaya, luego el caso Korenfeld, también vino el caso de las bitácoras de vuelo de las aeronaves presidenciales, es decir, una serie de sucesos que afectaron la percepción de la gente sobre el Inai.
Nos ha faltado comunicar mejor, transmitir de manera muy clara y sencilla al común de la población
por qué es importante que utilicen un derecho fundamental como el acceso a la información para controlar el ejercicio de la información o sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y Portabilidad) para que no se produzca robo de identidad”.
Ante la polémica en distintos momentos clave no salimos a comunicar bien y eso generó en algunas ocasiones un sentimiento de zozobra ante el Inai por las altas expectativas que había y la forma como nos comportamos en algunas decisiones que fueron trascendentales”.
Joel Salas, comisionado del Inai
