Los mecanismos de protección, creados a nivel nacional y local en México, han sido insuficientes para perseguir las agresiones, abatir la inseguridad y reducir la impunidad de la violencia contra periodistas, por falta de recursos y voluntad política, alertaron los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza. En conferencia de prensa al presentar las conclusiones preliminares de su visita de seguimiento sobre la libertad de prensa en México, lamentaron hoy la ineficacia de las instituciones mexicanas para evitar la violencia contra periodistas y medios de comunicación.
El Mecanismo de Protección para la Libertad de Expresión necesita más recursos, es absurdo que con la magnitud del problema tenga los recursos que tiene”, señaló Edison Lanza.
Kaye y Lanza señalaron que México debe dar pasos audaces para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo, que ha sido una crisis permanente en la última década.
Las y los periodistas son parte central de una democracia, por lo que necesitan protección en muchos niveles” señaló el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas.
Las recomendaciones preliminares del informe, cuya versión final estará lista en primavera, piden incrementar sustancialmente los recursos humanos y económicos destinados a la protección de periodistas, y aumentar el número de analistas de riesgo en los estados donde esta problemática es más grave. Asimismo, instan a adoptar reformas legales en México para asegurar la coordinación entre los niveles federal y estatal, ya que las autoridades locales han sido ineficaces en la implementación de los mecanismos de protección a periodistas.
La violencia es a nivel local y se expande a muchas partes del país. Por ello, instamos al Gobierno a que dedique más recursos y mayor presencia estatal (...) para proteger a los periodistas y a sus familias”, explicó Kaye, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión.
Los relatores especiales también dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en 2010 y evaluaron el progreso de las mismas, encontrándose con autoridades de alto nivel, federales y estatales, en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
Historias de terror
Como parte de una misión oficial de una semana (del 27 de noviembre al 4 de diciembre), los relatores se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil de 21 estados del país. Kaye y Lanza se dijeron horrorizados con las historias de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes en sus narrativas. En contraste, destacaron la pasión y el compromiso de las y los periodistas con la labor de informar a la sociedad mexicana y su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar. Destacaron que si bien México dio un buen paso al crear instituciones de protección; ahora debe dotarlas de herramientas necesarias para ser efectivas.
Protección y transparencia apuntan al 2018
Además, los relatores destacaron que la necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando los mexicanos votarán en elecciones federales, estatales y locales; pues aseguraron que garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público. El relator de la ONU defendió la importancia de implementar las nuevas recomendaciones ante las elecciones de 2018, puesto que “los periodistas son parte fundamental de la democracia”, sostuvo Kaye. Para proteger la independencia de los medios de comunicación y de sus trabajadores, el equipo de relatores también instó a adoptar una ley para regular la publicidad oficial que las administraciones públicas destinan a la prensa
(La publicidad oficial) no debe usarse con propósitos políticos. Su objetivo es difundir información de interés público y no generar apoyo a un Gobierno”, alertó Kaye. La suma de dinero que se vuelca a los medios de comunicación es de las más grandes del mundo. Se habla de mil 500 millones de dólares del Gobierno federal”, sostuvo Lanza, quien denunció un “sesgo” a la hora de destinar la publicidad en favor de los medios menos críticos con el Ejecutivo.
Dentro de sus recomendaciones, instaron al gobierno federal a realizar una investigación independiente sobre los bien documentados informes sobre vigilancia digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros; además, expresaron su preocupación por el hecho de que la vigilancia parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales. Destacaron un amplio rango de cuestiones como los esfuerzos para combatir la impunidad, el acceso a la información, la publicidad oficial, el pluralismo mediático, los derechos de las víctimas y expresaron preocupaciones alrededor de una ley de seguridad interior, la cual consideraron afectaría negativamente la libertad de expresión. Sus recomendaciones incluyen el fortalecimiento del Mecanismo con recursos, tanto humanos como económicos, haciendo hincapié en que estas medidas deben ser respaldadas al más alto nivel político. Kaye y Lanza agradecieron al gobierno de México por la invitación a llevar a cabo su misión oficial conjunta, y dijeron presentarán sus informes finales de país en 2018 (Foto: @ONUDHmexico). MR/RB
