El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua despertó el enojo de la Iglesia católica y la exigencia de justicia ante los siete homicidios que se han registrado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial.
Aunque el homicidio ocurrió al medio día del lunes, las amenazas del presunto responsable, callaron las voces que son escuchadas ante las injusticias en la región, como la del padre Javier “Pato” Ávila.
“Por más abrazos, entre comillas, que se compartan, son más los balazos que están apareciendo”, cuestionó el sacerdote que es reconocido como portavoz de las injusticias en la región, a la vez que aseguró que estos crímenes dejan al descubierto una realidad: la delincuencia perdió el respeto a la sotana y a los templos.
“La impunidad cada vez más descarada, y la ineptitud de las autoridades, de todos los niveles que tienen responsabilidad sobre este tema”, declaró el sacerdote.
El padre “Pato” aseguró que el responsable, El Chueco, presunto líder de un grupo criminal en la región, asesinó a los sacerdotes que sólo actuaron en socorro de un hombre al que perseguía y que asesinó al interior de la iglesia de Cerocahui.
Pedro Eliodoro Palma, un guía que, presuntamente, había sido secuestrado luego del crimen de los jesuitas, junto a otros turistas, según la denuncia en redes sociales de su hijo, fue perseguido hasta el templo y asesinado a balazos por el sujeto que, a decir de Ávila, se encontraba en aparente estado de ebriedad y bajo influjos de las drogas.
Uno detrás del otro, los religiosos acudieron a ayudar a la víctima, pero fueron asesinados.
La exigencia llegó de todos lados. Mientras la Conferencia del Episcopado Mexicano exigió una pronta investigación y seguridad para todos los sacerdotes del país, el Obispo de Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, reclamó justicia para todos “los que han sido víctimas de esta ola de terror y miedo en estos últimos diez años”.
La información es escasa y se ha dado a cuenta gotas, tanto de las autoridades locales, como estales y federales; la mayor información ha sido ofrecida por miembros de la Iglesia ante sus exigencias de justicia.
Este diario intentó contactar al gobierno municipal que encabeza la panista Mayra Díaz Gutiérrez, quien hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado sobre los hechos violentos ocurridos desde el mediodía de ayer, sin embargo, no fue posible contar con alguna versión al respecto.
De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, prácticamente desde que la alcaldesa asumió el cargo -en septiembre de 2018- ha sido evidenciado en diversas publicaciones el presunto vínculo entre su hermano Pedro Díaz Gutiérrez, con el líder criminal de la célula identificada como la Gente Nueva del cártel de Sinaloa, liderada precisamente por Jesús Noriel Portillo Gil, El Chueco, señalado como el principal sospechoso de los homicidios de ayer en la comunidad de Cerocahui.
Por su parte, el gobierno del estado confirmó que además del asesinato de los prelados y el guía de turistas ayer en esa comunidad se registró el secuestro de cuatro personas.
Sobre ambos temas, aseguró la gobernadora María Eugenia Campos desde ayer se estaban llevando a cabo “acciones y trabajos ininterrumpidos”, en coordinación con personal de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de la Guardia Nacional y Ejército quienes mantienen patrullajes que se han extendido a poblados, rancherías y caminos vecinales de la zona donde ocurrieron los hechos violentos.
