Impugna INE Plan B electoral y pide se suspenda su aplicación
El INE promovió una segunda controversia constitucional en contra del Plan B electoral, pero ahora impugna el segundo paquete de reformas que lo constituyen
La restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, aunque de manera temporal, significó una victoria para el del Instituto Nacional Electoral (INE), pero ahora el órgano electoral quiere más y ha interpuesto una segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan B electoral.
El INE informó que esta segunda controversia constitucional fue presentada este jueves, pero a diferencia de la primera, esta impugna el segundo paquete de reformas que conforman el Plan B electoral, el cual entró en vigor el pasado 2 de marzo y cuya aplicación pidió a la Corte sea suspendida en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias.
Se trata de tres leyes reformadas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación.
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De esta forma, ambas controversias son complementarias, pues la primera de ellas, promovida el 1 de febrero, impugna el primer paquete conformado por la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En el caso de estas leyes, entraron en vigor el pasado 27 de diciembre luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral señaló que al interponer estos recursos ante la Corte defiende su autonomía frente a la aprobación en el Congreso de la Unión de una serie de reformas a casi 200 artículos a 25 disposiciones constitucionales.
Foto: Cuartoscuro
En medio de las impugnaciones promovidas por partidos políticos y algunos gobiernos locales, el INE explicó que su más reciente controversia constitucional promovida tiene su base en cuatro ejes, iniciando por la violación al debido proceso legislativo.
Dentro de este rubro el INE dijo que se vulneró el proceso legislativo, lo que tuvo un impacto en la calidad democrática de la reforma al dársele trámite urgente que no podía ser sometida a ello por disposición legal, además de que no se respetó el principio de máxima publicidad.
Sumó a ello la vulneración de la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también por la afectación provocada a los derechos laborales del personal del órgano electoral, pues la reforma contempla la eliminación de algunas plazas del Servicio Profesional Electoral.
Por esta situación, algunos trabajadores promovieron ya un amparo, pues con ello se remueve un 85 % de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
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