La Procuraduría General de la República alegó, mediante un recurso, que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, y desconoce la investigación realizada sobre la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. El jueves, ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, fue interpuesto el incidente de imposibilidad, quien es el encargado de revisar el cumplimiento de los cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito a favor de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que ya habían confesado el asesinato de los normalistas. El magistrado del Tribunal Unitario, Sabino Pérez García, notificó un acuerdo que dicta dar visita a las partes involucradas en los juicios de amparo, para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles. “Transcurrido este plazo, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, de dictará la resolución correspondientemente”, indica el artículo 67 de la Ley de Amparo. El magistrado tiene la facultad de resolver si considera que existe la imposibilidad alegada, pero cualquier resolución que dicte podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, y podría posteriormente ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).