Los legisladores oficialistas se pusieron de acuerdo con los de oposición para imponerle un “candado” al Instituto Nacional Electoral (INE): la retención a los partidos políticos por concepto de multas derivado de violentar las leyes electorales no podrá exceder al 25 % de sus ingresos mensuales.
Aún cuando los diputados federales de las distintas bancadas han mostrado diferencias en el planteamiento de las reformas político-electorales que se han presentado anteriormente, en esta ocasión coincidieron y aprobaron con 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones modificar el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se estableció que el órgano electoral no podrá imponer un cobro mayor correspondiente al 25 % de la ministración mensual del financiamiento público del partido político por concepto de multas, descuentos y remanentes por violentar las reglas electorales.
En el caso de las infracciones derivadas en relación a la erradicación de la violencia política en razón de género, se mantendrá en una tarifa del 50 %.
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Los representantes de las bancadas parlamentarias coincidieron que se deben establecer límites claros a los montos por deducir o de lo contrario se afectaría económicamente las actividades a desarrollar por los partidos políticos.
El panista Xavier Azuara Zúñiga reconoció que “existe una ola creciente donde se han normalizado las violaciones al marco jurídico electoral, pues los incentivos preventivos, como son las multas, suelen ser poco efectivos”.
Sin embargo, también evidenció que la reducción de dinero público a las actividades ordinarias de los partidos políticos no inhiben las conductas y el número y monto de las infracciones, pero sí perjudican las actividades de estos órganos públicos.
En tanto, la morenista Hirepan Maya Martínez defendió que no se intenta excusar a los partidos, sino “dejar de lado esta visión tan inquisitorial y tan estricta por parte del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales de nuestro país”.
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