En México, la ley permite que un funcionario público ocupe un cargo en el sector privado hasta un año después de haber terminado su gestión en el gobierno; pero, si la empresa no mantiene una relación comercial con el gobierno, la relación puede ser inmediata.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los que llamó “chapulines fifís” que son los servidores que brincan de un cargo público a la iniciativa privada, y anunció una reforma a la ley para prohibir -hasta por 10 años- que esto suceda.
López Obrador recalcó que, en “ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y sector privado”, ni en otros países más desarrollados de Europa y el mundo se presentan estos casos, como sucedió “durante el periodo neoliberal”.
En efecto, en el país vecino no sucede esto, pues no tiene restricción para que exfuncionarios se integren al sector privado, a menos que el paso sea a una organización que realice cabildeos en el gobierno, en ese caso deberá esperar dos años, cuenta a ejecentral Samuel Abraham Stone, doctor en Derecho por The George Washington University.
Pero, a diferencia de nuestro país, en Norteamérica y Europa, la mayoría de los nombramientos son de carrera o servicio civil, es decir, los funcionarios no son impuestos por el mandatario.
En Japón, no existe ninguna restricción, aunque el “Amakudari” – una práctica institucionalizada donde los exburócratas de alto rango se retiran y son nombrados para importantes cargos en empresas privadas- ha sido señalado como la medida más corrupta de dicho país.
El Artículo 15 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado de España, señala que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.
Pero, según Miguel Uribe, investigador del Instituto Matías Romero, en este caso existe una Oficina de Conflictos de Intereses, que depende de uno de los ministerios, y que es quien autoriza a exfuncionarios públicos para que puedan laboral en el sector privado.
El Artículo 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un servidor público incurrirá en sanción cuando utilice información privilegiada la que obtenga con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público, aplicable cuando servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.
AMLO anunció la modificación al Artículo 28 de la Ley Federal de Austeridad Republicana: “Esta Ley establece una separación categórica entre la función pública y los intereses particulares. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público o cualquier cargo de representación popular, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos o intereses económicos que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas”.
Y agrega, “Dicha separación se realizará con el establecimiento de fideicomisos ciegos, cesión de derechos u otras figuras legales que prevengan los conflictos de interés durante el tiempo que ocupe el cargo público y por lo menos habiendo transcurrido diez años posteriores a su servicio público”, determina la iniciativa.
En sentido contrario, Andrés Manuel López Obrador no ha tenido problema, pues integró a distintas personalidades que se desempeñaban en el sector privado como colaborador y hasta como parte de sus secretarios de Estado.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, antes de unirse a la Cuarta Transformación se desempeñaba como presidente ejecutivo de Grupo Plenus, una empresa con inversiones en biotecnología, educación y servicios financieros; presidente honorario de Vector Empresas; consejero de Synthetic Genomics Inc y J. Craig Venter Institute; y consultor estratégico de Vector Casa de Bolsa S. A. de C. V.
El fundador de la consultoría Prospecta Comunicaciones, Jenaro Villamil, fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Sistema Público de Radio y Televisión, con el fin de armonizar y coordinar todos los medios del Estado.
Luis Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, antes de seguir los pasos del Presidente y unirse a su equipo, fue director de la compañía Grupo Villacero, y colaborador de firmas como ArcelorMittal y MetalCorp. Y así la lista continúa, pero como asegura el presidente “no es ilegal, es inmoral”, ¿o en este caso no aplica? ES DE INTERÉS
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