En el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay culpables intelectuales y materiales, y responsables políticos. Los acusados directos son el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno. Cómo un crimen a nivel municipal se convirtió en un crimen de Estado, es un brinco que se fue dando en cámara lenta ante la pasividad del gobierno. La historia pudo haber sido totalmente diferente si, por ejemplo, la misma noche del 26 de septiembre, el gobierno federal interviene. ¿Estarían vivos los normalistas? ¿Se habría evitado la barbarie en Iguala? Las preguntas son retóricas, las primeras horas después del crimen permiten ver dos cosas: el crimen se pudo haber evitado o acotado, y sí hay, en el gobierno federal, responsables políticos por omisión.
La noche del 26 de septiembre, Javier Alatorre informó en el noticiero Hechos de TV Azteca, que el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo, había sido atacado en Iguala. Pasadas las 10 de la noche, el gobernador Ángel Heladio Aguirre, llamó por teléfono al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para alertarlo sobre lo sucedido en Iguala, y que normalistas de Ayotzinapa habían sido objetivo de ataques. El gobernador le habló también al comandante a la 35ª. Zona Militar, con sede en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra, quien le respondió que no tenía información, pero que investigaría.
A esas horas ya había transcurrido la mitad de la cacería de normalistas por parte de policías municipales de Iguala y Cocula. Soldados del Batallón 27º de Infantería, con sede en Iguala, salieron a las calles pero no ayudaron a los normalistas. La Policía Federal tampoco. El general Saavedra –que había sido antes jefe de ese batallón, y actualmente encabeza la Novena Región Militar en Acapulco-, desinformó al gobernador. De acuerdo con el reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde que salieron de Chilpancingo los normalistas, elementos de inteligencia militar iban reportando lo que hacían. Patrullas federales, igualmente, los escoltaron hasta Iguala.
En la mañana del sábado 27, se giraron instrucciones a los responsables de comunicación en la Secretaría de Gobernación. Que estuvieran atentos a los medios, les dijeron, porque “había habido unos enfrentamientos” la noche anterior en Iguala, y querían saber “si subía”, el tema en la opinión pública. Ese día no hubo mucho, pero al día siguiente, El Universal y La Jornada publicaron a ocho columnas el ataque a los normalistas. El Sur, el periódico más importante en Guerrero, estaba lleno de testimonios que reflejaban acciones de soldados y policías federales contra los estudiantes.
Aguirre envió la noche del 26 de septiembre a Iguala al secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez, al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud Lázaro Mazón, promotor del alcalde, José Luis Abarca, para atender el conflicto. Los tres fueron detenidos en retenes de grupos desconocidos. Lograron llegar a Iguala cerca de la una de la mañana. Una de las primeras acciones fue reunir a los policías municipales para que les dijeran que había sucedido y proceder a desarmarlos. Le pidieron al comandante del Batallón 27º de Infantería, el coronel José Rodríguez Pérez, que les permitiera hacerlo en sus instalaciones, pero se negó. La Policía Federal tampoco quiso apoyarlos. Cuando los estaban desarmando en la comandancia, llegaron grupos de personas con el propósito de lincharlos. Un helicóptero del gobierno estatal los rescató.
El gobierno federal se pasmó. El lunes, en la reunión de estrategia encabezada por Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, la conclusión fue que lo sucedido competía al ámbito local. Tras ese diagnóstico, el presidente declaró el miércoles 1 de octubre que lo ocurrido era responsabilidad del gobierno estatal. “Demos espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí, que es un asunto que merece especial atención ante lo que ha ocurrido”, dijo el presidente. “Que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”.
El procurador Jesús Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo que había sucedido era “una depuración entre cárteles”. Todos soslayaron que las víctimas eran estudiantes, y los criminales no eran narcotraficantes, sino policías municipales. El 17 de octubre, el presidente escribió en su cuenta de Twitter, que la prioridad de su gobierno era buscar “sin descanso” a los normalistas. Hasta entonces, 21 días después del crimen, intervino el gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Retóricamente hablando, si el subsecretario Miranda hubiera reaccionado la noche del 26 de septiembre, si en las secretarías de Gobernación y Defensa, así como en la Policía Federal, se hubiera entendido desde el primer momento la magnitud de lo sucedido –que los jóvenes estudiantes desaparecidos no podían compararse con pandilleros o narcotraficantes-, ¿qué podían haber hecho? La intervención inmediata de las fuerzas federales, habría inhibido las acciones secuenciales de los policías de Iguala y Cocula. Se habrían podido enviar los drones, que hubiera permitido saber exactamente a dónde habían llevado a los normalistas, vivos o muertos, y quizás salvar la vida de algunos. Haberlo hecho así no tendría al gobierno federal acusado directamente de este crimen y la historia sería diferente. Pero no lo hicieron. De los análisis en Los Pinos se dieron las decisiones. Equivocadas, superficiales, insensibles. La reconstrucción de esas primeras horas permite establecer quiénes, en el ámbito político, fueron los responsables indirectos de este crimen por omisión y negligencia, y aquellos que en la inevitable rendición de cuentas, deberán pagar penalmente.
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