HRW acusa a gobierno venezolano de asesinar civiles
El informe de Human Rights Watch (HRW) señala que fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población
A woman rests wrapped in a mosquito net to protect herself from mosquitos which can transmit malaria at her house in Barcelona, Anzoategui State, Venezuela, on March 16, 2021. - In Venezuela there are people who had malaria up to 20 times. The proliferation, with epicentre in the southern mining region, is a paradox in a country which became the first to eradicate the illness caused by the Plasmodium parasite in 1961. (Photo by Pedro Rances Mattey / AFP)
/PEDRO RANCES MATTEY/AFP
Human Rights Watch (HRW) señaló que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia.
De acuerdo con el informe de la organización, distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela.
El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, agregó.
Human Rights Watch informó que entre marzo y abril, entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono, quienes identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados.
En la tarde del 25 de marzo, de acuerdo con entrevistas y testimonios de audio aportados por familiares y vecinos, así como informes de prensa, miembros de las FAES sacaron por la fuerza a cuatro miembros de una familia de su vivienda en el barrio Cinco de Julio en La Victoria.
Más tarde, Luz Dey Remolina, de 42 años, Emilio Ramírez Villamizar, de 44, Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar, de 22, y Yefferson Uriel Ramírez, de 20 fueron hallados sin vida en una finca cerca de la zona rural de El Ripial.
Las imágenes, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir, un joven de 26 años, los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío.
Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a Human Rights Watch que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años.
Fue hasta el el 28 de marzo, que Emir recuperó los cuerpos de sus familiares y les dio sepultura en Arauquita, sin embargo, las autoridades venezolanas no le entregaron certificados de defunción, informes de autopsia, ni ninguna otra documentación que corresponda a un examen forense.
Algunas de las personas entrevistadas, manifestaron que los desplazados en Arauca temen volver a sus casas en Venezuela por los riesgos para la seguridad y porque han perdido sus viviendas y pertenencias en los ataques.
