El arma preferida del abogado Jesús Hernández Alcocer era la conocida como “matapolicías”, una pistola de uso militar o de policías de élite por su gran capacidad de fuego. La presumía, la ponía sobre la mesa, la portaba todo el tiempo y tenía permiso para ello, el Ejército se lo concedió, ahora, esta pistola podría ser el arma que usó para matar a la cantante Yrma Lydya.
Puede usarla, porque sólo una de las empresas en las que participa el litigante, la más importante, Sedegral, cuenta con un permiso de portación de armas para más de 2 mil 500 elementos, que incluye desde pistolas hasta subametralladoras.
La firma se fundó en 2012 y tiene como socios al hijo y a la esposa del general Audomaro Martínez Zapata, actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Oscar Audomaro Martínez Hernández y Diana Yamileth Hernández Zárate de Martínez; así como al hijo del general Luis Arturo Oliver Cen, Luis Arturo Oliver Navarro.
En 2020, cuando México transitaba los primeros meses de la pandemia, Jesús Hernández Alcocer compró directamente a Asia cubrebocas, un cargamento que, debido a las restricciones, las autoridades aduanales mantenían retenido. El abogado, relataba a sus más cercanos, que le llamó a uno de sus amigos generales cercanos y le pidió su apoyo.
En poco tiempo, acompañado de sus escoltas y de efectivos del Ejército, llegó a bordo de un vehículo de carga militar. Ingresó al patio aduanal, abrió su contenedor, ordenó que trasladaran la carga al vehículo y se retiró.
Nadie dijo nada, ni siquiera quedó registrado en algún libro oficial aduanero, el relato del propio litigante incluía comentarios de cómo le servían hasta los militares. Lo escucharon decenas de personas y nadie dudaba de su veracidad, porque no sería la única ocasión en la que utilizó el apoyo militar, aseguran las fuentes consultadas por ejecentral. El permiso colectivo para portación de armas, incluso de grueso calibre, le fue otorgada al inicio del 2000, le permite que más de 2 mil 500 elementos las usen.
Eso representa un enorme negocio. Su personal de seguridad privada no supera las 300 personas, pero adicionalmente renta las armas de la propia compañía, más de mil 200 (todas compradas al ejército), y con ellas la licencia de portación para escoltas y cuerpos de vigilancia privados, quienes pueden usar desde pistolas hasta subametralladoras.
Incluso el propio Hernández Alcocer le gustaba presumir que portaba él mismo armas, la favorita la pistola llamada “matapolicías”, pero también en su casa llegaba a sacar sus subametralladoras. Solía colocarla en la mesa o a un lado de él, aunque tuviera a sus escoltas cerca, entre cuatro y hasta ocho elementos.
El periodista Raymundo Riva Palacio reveló hoy en su columna Estrictamente Personal la estrecha relación con el general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia, “una persona tan cercana e influyente con el Presidente desde hace más de 25 años”, siendo socios “en la empresa Sedregal, enfocada en la seguridad privada, aunque oficialmente ninguno de los dos aparece como parte de la compañía”.
Como fundadores aparecen familiares del general Martínez Zapata, y del general Luis Arturo Oliver Cen. Tienen presencia en todo el país y la tarea del abogado era utilizar sus contactos políticos y militares, designando representantes en cada estado para la comercialización con los gobiernos y empresas privadas.
Gran parte de sus relaciones en la Ciudad de México las hacía en el restaurante Suntory, en donde disponía de un privado sólo para él y sus invitados, que debía estar disponible en el momento que lo pedía. Pero también en su casa del Pedregal, una mansión con dos enormes garajes y donde tenía su preciada colección de autos clásicos y su McLaren; así como sus motocicletas Harley-Davidson, y todo el arte novohispano que estaba distribuido por toda la casa que se mezcla con sus muebles Luis XV.
En ambos lugares presumía que recibía a sus amigos cercanos, entre ellos contaba a los secretarios y exsecretarios de la Defensa, personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Gamboa Patrón, Pedro Haces y Alejandro Gertz Manero, por ejemplo. También gobernadores y exgobernadores, líderes de partidos, funcionarios de seguridad y del Poder Judicial.
Y justo Hernández Alcocer comenzó a buscar a sus amigos y socios, tanto políticos y como judiciales. El jueves se determinará el tiempo que se concederá a la Fiscalía para concluir la investigación en su contra por el homicidio de la cantante Yrma Lydya, uno o dos meses, por eso el litigante busca conseguir que sea el menor tiempo posible y que le concedan arraigo domiciliario en su casa del Pedregal por su edad, para evitar que ese tiempo esté preso en el Reclusorio Norte. Mientras sus abogados, todos integrantes de su despacho, tratan de probar “su total inocencia”.
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