Cuando un gobierno tiene prisa, una de dos: o está en crisis, o quiere mostrar algo con contundencia, para mandar un mensaje o para dejar clara una posición. Lo de la aprobación de la mal llamada “opción B” de la reforma electoral es un ejemplo de lo anterior.
Sabiendo que la reforma constitucional no iba a tener buen final para el gobierno, el Presidente se apresuró a enviar a su correo de lujo, el secretario de gobernación, con un documento de más de 250 cuartillas que en menos de 16 horas fue presentado, se le dispensaron todos los trámites de ley y fue sometido al pleno de la Cámara de Diputados durante la noche y aprobada en la madrugada del día siguiente.
Como era previsible, “el plan B” fue aprobado en medio de circunstancias singulares. La más destacable es que ningún diputado de Morena sabía qué estaba defendiendo. Como en la noche todos los gatos son pardos, Morena y sus aliados no sabían que los tiempos de campaña serían reducidos. No sabían que se eliminaban las medidas cautelares para funcionarios de gobierno que hicieran propaganda en favor de su partido o de un candidato en concreto y por supuesto, eliminaba las medidas cautelares contra funcionarios que deseando ser partícipes de la elección en cuestión, iniciaran actos adelantados de campaña.
Tampoco sabían que iban a desaparecer un área administrativa que para efectos prácticos no existe y que de un plumazo despedirían al secretario ejecutivo del INE, pasando por encima de las decisiones que el pleno reunido en la herradura de la democracia —como se le dice— ha tomado, que por ley tiene que ser nombrado o sustituido por los propios consejeros.
Lo más notable que se ha abordado poco, es que la reforma contiene una trampa digna de ser descubierta, porque cualquier otra cosa sería una inocencia. La reforma propone dos cosas al mismo tiempo. Acortar los tiempos de campaña y al mismo tiempo liberar a los funcionarios públicos de hacer actos anticipados de campaña y no ser reconvenidos por sus opiniones a favor de ellos mismos o de otros funcionarios en activo.
La trampa es obvia, mientras los funcionarios de Morena —es decir las corcholatas—, podrán hacer campaña, probablemente con uso de recursos públicos, le acortan los tiempos al resto de los competidores, con el argumento de que se gasta mucho dinero en las campañas. Lo que en efecto, genera una desigualdad en la competencia y pone en duda la equidad en la contienda.
La prisa del Ejecutivo y la abyección de los diputados de Morena y sus aliados, muestran una cosa delicada. La necesidad megalómana del presidente de dar un golpe en la mesa que afectaría el funcionamiento del INE y consagrar su venganza inexplicable. La otra es que, en efecto y después de las elecciones del 2021, tengan las sospechas de que no lo tienen todo asegurado y quieran por la vía de la legislación facilitarse el trabajo para la elección del 2024.
Nadie puede asegurar ninguna de las dos hipótesis, pero de que la reforma es una muy mala idea, sin consulta, propuesta desde el gobierno en beneficio del propio gobierno y con el tufillo de obtener ventajas a través de la legalidad, a nadie debe caberle la menor duda. Nada más, pero nada menos, también.
