En una visión simplista, muy propia del Presidente, el periodo neoliberal no es otra cosa que el apoderamiento por parte de la oligarquía del Estado mexicano. Por eso el Estado le estorba, como bien ha explicado Fernando Escalante en Nexos de este mes. Le estorban las reglas, le estorba la institucionalidad, le estorban los organismos constitucionales autónomos, le estorban los concursos y licitaciones, en fin, le estorba todo lo que, para él, son las reglas que ha impuesto una clase o un grupo específico de la sociedad que ha construido instituciones y contrapesos al poder presidencial y, por lo tanto, a la clase política.
En su visión, la clase política —y ahí sí mete a todos los partidos— se ha demeritado porque los “dueños del dinero” no querían vivir de nuevo sorpresas como las que tuvieron que enfrentar en los años 80 y por ello se dedicaron a fomentar organizaciones civiles, órganos autónomos y demás cosas para “someter” a la clase política que tiende a hacer cosas extrañas y, muchas de ellas, en contra del buen curso de la economía, para conservar el poder.
Por eso no es extraño que en sus últimos meses en ejercicio del poder haya decidido lanzar tres iniciativas que vulneran de manera significativa la certeza jurídica y someten de manera factual a la iniciativa privada a la voluntad casi discrecional del ejercicio del poder del Ejecutivo. Las tres podrían dejar en la indefensión legal contratos gubernamentales, concesiones y licitaciones.
La primera de ellas se refiere al régimen de concesiones mineras, que reduce de 50 a 15 años el tiempo de la concesión, lo que, en primer lugar, limita la inversión ante el poco tiempo que tiene un particular para hacer madurar su inversión y lo somete a la empresa a los designios del gobierno. Además, en sentido genérico, establece tres causales para revocar concesiones, autorizaciones y licencias por causa de interés público, sin definir claramente qué significa interés público o por estar “generando un desequilibrio, social, ambiental o económico”, lo que eso signifique en las causales de revocación de permisos y concesiones.
La segunda, en materia de compras y contratos con el sector público, que establece una cláusula que se ha dado en llamar: la “cláusula exorbitante”. Con ella el gobierno puede terminar de manera anticipada cualquier contrato de adquisición u obra, argumentado el “interés público”, sin que quede claro qué significa y cómo se establece que la empresa ha incurrido en un cobro “exorbitante”. Con el detalle de que no queda claro si la empresa podrá acudir a tribunales para defenderse de alguna arbitrariedad.
En materia de la ley de adquisiciones, se dispone que el gobierno se deslinda de la responsabilidad de incluir a empresas mexicanas en las licitaciones públicas, pudiendo hacerlas exclusivamente con proveedores internacionales. El argumento consiste en que con ello se libera de los compromisos con empresas nacionales y conseguirá mejores precios en el extranjero. La disposición es contraria al T-MEC y seguramente afectará a la industria nacional forzándola a la obsecuencia con el gobierno si quiere ser incluida en las licitaciones que ofrece el Estado mexicano.
Existen otros ejemplos como la ley de cabotaje que podría destruir a la aviación nacional, pero lo que queda claro, es que por la vía de leyes secundarias y sin hacer demasiada alharaca, el Presidente de la República le pone una amenaza al sector privado en la medida en la que si no se pliega a sus designios puede no pagarle, suspenderle concesiones y permisos y, en el peor de los casos, no comprarle, con el beneplácito de unas leyes a todas luces inconstitucionales, que atentan contra el T-MEC y que de facto, se parecen a la expropiación, esta sí verdadera, no como la de Iberdrola que es una imbecilidad. Nada más, pero nada menos también.
