Los abogados aprendemos una máxima en los años de educación: ley sin castigo, no sirve, es imperfecta. Y es verdad de a kilo. Hasta en un contrato, cuando no existen penalizaciones para su cumplimiento, el contrato se convierte en letra muerta. Aunque los contratos y la ley se hacen con buena fe, si frente a ellas no existe un castigo que eventualmente, ante su incumplimiento, haya una consecuencia, aquello se vuelve letra muerta.
En el caso de ministra Yasmín Esquivel, este es el meollo del asunto. Se han probado sobradamente que la tesis de la ministra es una copia de otra presentada un año antes que aquella presentada en su examen profesional. La FES Aragón así lo ha reportado y hasta el Consejo Universitario ha solicitado proseguir con las herramientas legales para denunciar el ilícito y que a ella se le retire el título que la reconoce como licenciada en Derecho.
¿Por qué hasta ahora no ha habido consecuencias claras en su contra? En primer lugar, porque hemos estado centrados en el asunto de la fraudulenta forma en la que ella obtuvo su título. Al punto en el que la FES y la UNAM han hecho saber a la Dirección General de Profesiones de la SEP del asunto. Sin embargo, aquí el peso político del asunto se ha vuelto crucial. El gobierno de la 4T no aceptará jamás que el Presidente propuso a alguien que estaba impedida, por ese pecadillo de juventud. Así que la SEP decidió devolver el asunto a la UNAM para que se pronunciara.
Ahora bien, el problema es más de fondo. Resulta que la UNAM no tiene en su legislación ningún artículo que diga: “si algún alumno plagia una tesis deberá retirársele el título”. Y, si no existe tal artículo en la legislación universitaria, es porque nadie en su sano juicio supondría que un asesor de tesis y un alumno en contubernio, fueran a copiar una tesis para obtener el título de la educanda.
La maestra directora de la tesis ya fue suspendida de su relación laboral con la UNAM, a pesar de las entrevistas que ha dado y de lo que asegura después de más de 500 tesis dirigidas, ha sido un trabajo impecable. Esta en particular, reproducida más de tres veces.
Aparentemente la Dirección de Profesiones tampoco posee el procedimiento para que habiendo sido advertida de que un alumno se graduó de manera fraudulenta, pueda de manera administrativa, retirarle la cédula profesional. Dice la SEP que sólo que haya de por medio un juicio y que un juez habiéndose probado el fraude emita una resolución para quitarle el título.
Aún más. El pleno de la Corte, es decir, sus pares, no pueden pedirle su renuncia por ese motivo, porque no existe ningún artículo que diga en el reglamento de gobierno de la SCJN que, si un ministro no es abogado después de habérsele encontrado que no es abogado, se le pida que se retire.
Peor aún, la única manera en la que la ministra puede ser removida de su encargo es que la mayoría de la cámara de senadores le instituya un juicio político, y con esa mayoría destituirla del cargo.
Por lo tanto, desde la perspectiva de su tesis, no hay nada que hacer. Ella, como ya ha dicho, no tiene nada de que arrepentirse, ni de que sentirse culpable, no va a renunciar.
El camino alternativo es muy delicado. Lo único que puede hacerse es acusarla de falsedad en declaraciones, porque ha hecho todo para mentir y tratar de tergiversar los hechos con supuestos testimonios notariales y declaraciones de la hoy exempleada de la UNAM, guía de su tesis. Se le puede acusar de presentación de documentos apócrifos, en fin.
Yasmín Esquivel cuenta con el apoyo del Presidente para que él tenga una voz en la mesa de la Suprema Corte, los dos conscientes de que legalmente es muy difícil removerla del cargo. Mientras tanto la UNAM se ha cuidado muy bien de no caer en el juego presidencial e iniciar una confrontación de la que saldría muy mal. Al final, el asunto Esquivel podría volverse un “tour de forcé” entre la UNAM y el Ejecutivo, nada más, pero nada menos también.
