Con añeja inteligencia, el derecho en los países anglosajones y latinos, creó la figura del fideicomiso. Es una opción que da la ley para que quien tenga un excedente de ingresos o ahorros, pueda guardarlos para el futuro, pero no administrados por el que construye el fideicomiso, sino por un tercero.
Esos beneficios del dinero guardado y administrado se aplican o se le entregan a una obra en concreto, una persona física o moral o una tarea determinada. Al ser un tercero (especialmente una institución financiera que, se supone, carece de preferencias por alguien o por algo), les da transparencia, se cumplen los objetivos o el motivo de su conformación y se cuidan celosamente, como los bancos hacen con el dinero que recogen.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho eso durante años para poder sufragar costos de cosas que presupuestalmente serían complicados de justificar. Por ejemplo, si un juez o magistrado cambia de adscripción, uno de sus fideicomisos podía pagarle la renta inicial y arreglar la casa en la que se quedaría para cumplir su labor. Y así otros gastos de ese tipo.
El Presidente ha mantenido una lucha contra los fideicomisos públicos, porque argumenta que son un nido de corrupción. Lo que hace con ello es negar la capacidad de los bancos para la administración, y cree que esos ahorros deben ir a satisfacer sus necesidades primordiales de los programas sociales.
Comete el error, porque no sabe que los instrumentos que da el derecho le permiten, en el largo plazo, resolver problemas que no descansarán en el presupuesto anual y, en cambio, generan ahorros que el gobierno puede liberar y no hacerse cargo de ellos.
Los fideicomisos tienen una característica esencial: provienen de un patrimonio propio y siguen siendo patrimonio propio sin ser administrados por él mismo, sino por un tercero pulcro, público y auditable.
El día de ayer, el líder de la fracción del Morena declaró lo siguiente que tomo del periódico Reforma:
El Presidente de la República ve “podrido” al Poder Judicial y la bancada de Morena se apresta a tomar 15 mil millones de pesos del presupuesto de los jueces para dárselos al Poder Ejecutivo.
“El Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, pero la regla es que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político, y esto es una prueba más: le otorgaron amparo a García Luna”, dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.
Horas más tarde, en la Cámara de Diputados, la fracción de Morena formalizaba su iniciativa de disponer de 15 mil 450 millones de pesos que actualmente se encuentran en fideicomisos del Poder Judicial para uso de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda. Morena busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación.
El partido oficial argumenta que el Poder Judicial ejerce con opacidad los fideicomisos, pero en su propuesta de transferir los recursos a Hacienda no aclara los rubros o sectores a lo que sería destinado ese dinero una vez transferido a la Tesofe.
No quiero exagerar, pero que el Poder Ejecutivo robe, expropie o disponga de recursos que fueron asignados al Poder Judicial, es equivalente a quitarles su edificio, por alguna causa.
¿Con qué derecho el Poder Legislativo o Ejecutivo puede apoderarse de recursos de otro Poder? No existe presente y no existe razón justificable, cuando el Poder Judicial ha sido responsable y serio en el manejo de sus recursos. Se trata de doblarlo o nulificarlo. Nada más, pero nada menos, también.
