El liberalismo, sobre todo el democrático, es un ejercicio colectivo que a lo largo de siglos ha ido ganando su justo espacio. Posee algunas virtudes: Trata de no imponerse como una visión única del mundo, salvo que no se respete la diferencia. Intenta que la minoría diga y de alguna manera logre mantenerse como una visión alternativa a la mayoría prevaleciente o dominante. Defiende la libertad de expresión y procura que ésta se manifieste de alguna manera y en algún espacio. Trata de defender valores universalmente aceptados y procura el consenso entre las partes. Defiende la libertad de creencias. Abjura del dogmatismo y prefiere la defensa de los derechos humanos y de la prevalencia de la ley, como mecanismo de reglas acordadas que permiten a cada uno darle su justo lugar y orientar la muy complicada convivencia social actual.
Por ello, cuando alguien está tan convencido de su dicho y de su visión, y quiere imponerla a otros, resulta incomodo, por decir lo menos que se quieran salir con la suya. A veces se alinean personas que considerábamos inteligentes, capaces, incluso cultas y educadas debajo del liderazgo de una persona que estando tan convencido de lo que piensa y cree, muchos olvidan lo básico para seguir la concepción de la justicia de uno; la concepción de alguien sobre la igualdad; la concepción sobre la libertad de aquel otro o la idea de pobreza, riqueza o aspiracionismo de algún mesías que asegura que de su boca sale la única verdad.
Ejemplos de ello lo dió el ministro expresidente de la SCJN la semana pasada. Sostiene con argumentos excesivamente debatibles que:
“Primero, porque de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar si una institución es civil o militar deben tomarse en cuenta dos factores: finalidad y formación, ninguno de los cuales se vio afectado por la reforma. Tanto la finalidad de la Guardia Nacional —garantizar la seguridad pública— como la formación de sus integrantes —investigar, prevenir y perseguir la delincuencia, así como proteger a la ciudadanía con base en una doctrina policial fundada en el respeto a los derechos humanos— son de carácter civil”. Hasta aquí puede uno estar de acuerdo con el señor ministro.
“Segundo, porque la Secretaría de la Defensa Nacional no debe confundirse con el Ejército. La primera es una dependencia de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, una entidad autónoma de las Fuerzas Armadas”. Aquí es donde empezamos a disentir. La Secretaria de la Defensa, son las fuerzas armadas. Tan lo son, que el General Secretario es las dos cosas y las labores de esa secretaria son es esencialmente castrenses; es decir labores del ejercito y la constitución hace la diferencia para cuando estamos en tiempos de paz.
“Tercero, porque la Guardia Nacional continúa adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” Esto es falso. La reforma adscribe su presupuesto, mando y administración a la defensa nacional. Sólo deja labores de coordinación con la secretaria de seguridad pública.
Termina diciendo el ministro: “Desafortunadamente la decisión de la Corte se politizó en los medios
y algunos llevaron el debate al terreno de las descalificaciones. En el clima de polarización y rivalidad política que atraviesa nuestro país, surgieron voces que intentaron distorsionar nuestros argumentos y sacarlos de contexto. Lejos de analizar las razones con seriedad, optaron por ridiculizar con un ánimo tendencioso y partidista”. Señor ministro sus palabras textuales en la discusión fueron: “dado que el presidente de la república es un civil y es el jefe supremo de las fuerzas armadas, entonces la GN esta adscrita a un civil”. Le recuerdo lo que un compañero editorialista le dijo: “los leones no son felinos, porque el domador es una persona”. ¿Que justificación quiere ofrecernos?
¿Que por creer en una persona o en un proyecto usted está dispuesto a torcer la realidad? El que ha politizado su actuar en la corte es usted, en favor de una persona y un proyecto. Nada más, pero nada menos también.
