Cuando en el sexenio de Vicente Fox se planteó la necesidad de regular la inteligencia (espionaje) de comunicaciones y actividades de actores de la delincuencia organizada o que fueran definidos como objetivos sensibles de la seguridad nacional, al director del entonces Cisen, Eduardo Medina Mora, le preocupaba especialmente el derecho a la privacidad y la legalidad para poder hacer esas intervenciones.
Tuve el honor de ser invitado a contribuir en el proceso legislativo de dicha ley y de cabildearla entre los legisladores y el Ejército, que tenían serias dudas sobre su rígida cantidad de reglas para permitir la intervención de comunicaciones entre los actores “objetivo”.
Tomamos las experiencias internacionales y encontramos varias que resumimos en tres reglas fundamentales. Primero, había que constituir una comisión en el Congreso que vigilará las tareas de inteligencia y generara un contrapeso a los posibles excesos del entonces Cisen. Esta comisión tendría que ser informada de los asuntos que estaban siendo investigados y a los seis meses, de no encontrarse nada, destruir todo el material adquirido frente a ellos. Habría una prórroga de otros seis meses, pero con el tratamiento similar. Los diputados y senadores no deberían conocer las personas sobre las que se ejercía la vigilancia, pero el Cisen estaba obligado a destruir los materiales frente a ellos.
Seguidamente, la petición de intervención de parte de la entonces PGR ahora FGR y del entonces Cisen y ahora el servicio de inteligencia del Estado, debería someterse a la autorización de un juez ante el que había que fundar y motivar las razones de porque se hacía dicha intervención.
Y finalmente, en el Código Penal se estableció el delito de espionaje, intervención de comunicaciones o el de tomar fotos e investigar sin el permiso del “objetivo” o del juez, con seis años de cárcel, más agravantes.
El día de hoy sabemos que por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos han sido espiados con el programa “Pegasus”. El Ejército, a través de una corporación que no tiene definición en la Ley de la Administración Pública Federal, sino como un área del Ejercito sin responsabilidad: el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ha espiado a civiles sin ninguna responsabilidad pública o ante juez o ante la ley en general.
El Presidente ha dado sonrisitas burlonas, trata el espionaje ilegal como inteligencia, sobre civiles que, hasta ahora no se sospecha o no se ha probado que sean parte de la delincuencia organizada o un peligro para la seguridad nacional, pero en resumen se les espía. ¿Por qué?
Mi sospecha es que AMLO no está preocupado por el daño que los “objetivos” puedan hacer a la seguridad nacional o sean parte de la delincuencia organizada. Mi única explicación es que está preocupado por el hecho de quienes hablan dentro del gobierno y, por lo tanto, ser considerados como traidores a la 4T.
Ese es, en mi opinión, su mayor temor. ¿Quiénes son los traidores y los desleales contra quien hay que enfocar las baterías de su rencor, de su odio y de su paranoia? Nada más, pero nada menos también.
