En la construcción constitucional, los problemas y las dudas que surgen nunca son fáciles de resolver. Es la máxima norma, de la cual derivan todas las demás, para lograr una convivencia razonablemente pacífica.
Los legisladores tienen que conocer bien a la sociedad de donde provienen o representan para entender sus pasiones, virtudes y defectos. Pero, sobre todo, lo que busca el texto constitucional es certeza jurídica y estabilidad entre todas las partes existentes en la vida política de una nación.
Eso se logra estableciendo claramente los derechos ciudadanos, qué puede y qué no puede hacer el Poder constituido y quién resuelve si, al final, surgen diferendos entre los ciudadanos, entre los ciudadanos y el Estado, y entre las ramas o ámbitos del gobierno. Lo frecuente es que el Poder Judicial haga esta última tarea.
En la semana y como consecuencia del revés que la SCJN le dio al Presidente con su decreto de noviembre de 2021, considerando todas las obras de gobierno como de interés público (nomás faltaba) y de seguridad nacional (incomprensible), el Presidente en su berrinche, emitió una versión descolorida ese mismo día, del mismo decreto y propuso que los ministros de la Corte fueran electos por el pueblo, para que ellos tuvieran también conocimiento del pulso y aspiración del pueblo y no sólo se adscribieran a la ley.
La discusión no es nueva. Se remonta a la primera constitución francesa, inglesa y notoriamente a la norteamericana. A propósito de ésta última, los padres fundadores de aquella nación, se preguntaban ¿Quién va a velar por lo que deciden los jueces, pues no son electos? A los otros dos Poderes el electorado les cobrara sus yerros, ¿pero y a éste?
En EU y en la mayoría de los países democráticos, los elige el Senado a propuesta del Ejecutivo (como en México). Sólo en Bolivia, en el caso americano, se eligen a los jueces por voto popular y el resultado ha sido desastroso: la justicia está politizada en sumo grado, lo que pone las cosas en el peor de los mundos: ni se defiende la Constitución o las leyes, ni se complace a la población. La justicia tiene este terrible defecto de que cuando algo se judicializa, uno gana y el otro pierde.
En México, alguna vez se eligieron los ministros de la Corte, que luego designaban a magistrados y jueces, bajo el mandato de la Constitución de 1857, pero de manera indirecta en primer grado. Es decir, se elegían a profesionales y conocedores del derecho, que a su vez elegían a los que serían ministros por un lapso de seis años. En diversos casos y para evitar que los efluvios del populismo o la politización o la popularidad de una persona se impusiera, la elección indirecta ha sido una solución.
El presidente de EU no se elige de manera directa, sino por un colegio de electores que se eligen estatalmente y ellos eligen al presidente. Por eso, Hillary Clinton tuvo más votos que Trump, pero perdió los suficientes colegios electorales. En el parlamentarismo, se eligen a los diputados y luego ellos construyen el gobierno Ejecutivo, nombrando y negociando entre todos para ver quién es el mejor posible Ejecutivo y cómo se reparten las carteras.
Para efectos prácticos, en esa parte la Constitución de 1857 resulto impráctica y poco útil. La Corte seguía al pie de la letra la ley y el nombramiento indirecto de los ministros, no dio por resultado una sensibilidad popular frente al dictado de la ley.
Lo más grave de la propuesta morenista, que ahora busca “obradorizar” el Poder Judicial, es la politización de la justicia, cuando el papel democrático de los ministros, magistrados y jueces consiste no en su representatividad, sino en el ejercicio mismo de su función: velar por que la Constitución y las leyes se cumplan a cabalidad, como ha dicho el ministro Pérez Dayan. ¿Qué es más justo, que por aclamación popular alguien sea sentenciado a la horca o que corra un juicio como la ley indica? Para eso está el Poder Judicial. Y, por cierto, la Constitución de 1857, la promulga Ignacio Comonfort, no Benito Juárez. Nada más, pero nada menos también.
