La reforma electoral que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador tiene muchos defectos y casi ninguna virtud. Tres son los temas de mayor preocupación. De un plumazo traslada al INE a ser parte de la administración pública, lo que significa un serio retroceso.
Así como existen instituciones que garantizan el derecho a la educación —es decir, la SEP—, o a la salud —la Secretaría de salubridad y el IMSS y el ISSSTE—, el INE lo que hace es garantizar dos derechos fundamentales: que nuestro voto sea bien contado y cuente y que podamos ser votados, si esa es nuestra aspiración. En manos del gobierno ambos derechos se ven mermados y se tendrán que atener a los designios y preferencias políticas del gobierno en turno.
La segunda preocupación mayor consiste en que la reforma propuesta no se circunscribe a lo electoral meramente. Es en realidad una transformación de la arquitectura del Estado mexicano y de la representación política. Reducir los senadores y diputados acota la representación de las minorías y favorece la preferencia mayoritaria para construir mayorías artificialmente que, en el contexto actual, sólo benefician a uno de los actores: Morena.
Todo ello bajo un argumento pueril y sin sentido: que salga más barato el aparato de gobierno y que se gaste menos en las elecciones. El gasto en sueldos de los diputados y senadores es en realidad una pequeña parte del gasto del gobierno, y si me apuran, una modesta parte del gasto de las cámaras legislativas. Argumentar un problema de costo, es francamente una patraña que vende bien, pero es un despropósito y una imbecilidad.
La reforma, es muy probable que no pase. Frente a ello el presidente ha dicho que tiene un plan B. Consiste en modificar la ley secundaria para reducir comisiones dentro del INE, para acotar consejeros y reducir el gasto de sus sueldos, para reducir rentas y centralizar el control electoral en una institución sin representación estatal. Todo eso se ve muy difícil también. El artículo 41 de la Constitución es uno que fue construido con cuidado y pulcritud. Que obliga y hace certeras responsabilidades, funciones y tareas que tiene que realizar ese instituto, además de respetar la soberanía de los estados.
Hay un pequeño problemita de suma gravedad y preocupación. El artículo 41 de la CPEUM, dice en su numeral V, Apartado A, párrafo 5°, inciso a), lo siguiente:
“El consejero Presidente y los consejeros electorales serán electos (...) mediante el siguiente procedimiento:
a)
La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución.
El peligro consiste en que si la mayoría de Morena decide no emitir “acuerdo para la elección del presidente y los consejeros” que se van en marzo, no hay nada que los obligue a realizar el concurso y, por lo tanto, seguir todo el procedimiento de selección.
No tener al presidente del INE y que falten 3 consejeros pondrá en serias dudas la operación del instituto y, por lo tanto, la legalidad de la próxima elección presidencial. En la infinita marrullería presidencial, ese podría ser su verdadero plan B, es para preocuparse. Nada más, pero nada menos, también.
