El adelantado e ilegal proceso de selección de precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República tiene muchos problemas, precisamente, por estar fuera de la ley. En el oficialismo, el jefe de partido y de gobierno, AMLO, les impuso reglas draconianas, pero no constitucionales, pues al final sabe que está haciendo algo ilegal. Salidas de su ronco y autoritario pecho: les prohibió hablar mal de la 4T; les prohibió hablar mal de él; les prohibió debatir y, finalmente, en un acto por lo menos de dudosa legalidad, el INE les prohibió convocar a votar, hacer propaganda electoral y hacer propuestas (aunque en esto último el INE y AMLO estuvieron de acuerdo).
En la acera de enfrente, en la oposición, se organizaron creo que con buen tino, en un proceso que tiene tres fases y que combina participación ciudadana y decisión política. Recoge firmas de la ciudadanía, incorpora a un padrón alrededor de 2 millones de firmas con teléfono y correo electrónico, lo que eventualmente se volverá una fuerza real para la promoción de quién resulte ganador de esa contienda.
A la oposición se les aplicarán las mismas limitantes que a las “corcholatas” y en ese sentido las cosas no se ven tan mal. Sin embargo, comienzo con una reflexión inicial. Es posible que mi amigo y maestro de sociología, Ernesto Azuela, tenga razón. Los abogados pensamos a las leyes como una imposición pactada, que si no es obedecida tendrá consecuencias. Él piensa, que mientras no exista, por parte de los actores, anuencia y acuerdo de que esa regla no debe prevalecer, no hay manera de hacerla cumplir. Gajes del oficio, pero lo que el día de hoy es cierto, es que ya nadie respetó o por lo menos fue estricto con el proceso, lo que esperemos que no traiga consecuencias futuras.
En ese contexto, en esta semana Marcelo Ebrard hizo una propuesta de seguridad. Puede decirse mucho de ella, pero al final parece una ida al supermercado de tecnología para resolver un problema profundamente complejo que requiere de diversos elementos.
Vea usted. Cuando se habla de política social, se hace una política que atiende a muchos al mismo tiempo y con un mínimo rasero. Le vamos a dar a todos los que tienen más de 65 años cuatro mil pesos mensuales. Ahí van millones.
Cuando se establece una política de seguridad, hay definición de sectores que cuidar, puntos conflictivos, colonias que requieren especial atención, pero al final acabamos en personas que de una en una viven el problema de manera distinta.
En la colonia X, hay robo de vehículos. Diría uno, pues pongan policías a vigilar las calles. Muy bien, nada más que el policía pasa por el lugar, no se queda cuidando el coche X o Y toda la noche. No alcanzan los policías.
Así que puede uno poner cámaras para vigilar. Muy bien y si grabamos que un sujeto se robó el coche, ¿qué hacemos?
Si el dueño no presenta una denuncia, nada que hacer. Si la presenta, tiene que comenzar todo un proceso para ir a las cámaras. Armar un expediente, buscar al posible culpable, presentarlo frente a un juez y después seguir el juicio. Es decir, la política delictiva tiene que atender dos ámbitos: el general y el de una por una las personas involucradas. Esa es la parte difícil.
En cualquier caso. Las “corcholatas” y los de oposición no pueden hacer propuestas que llamen al voto y por el otro, no hay profesionales trabajando en foros alternativos construyendo propuestas. Así estaremos los próximos cuatro meses. Nada más, pero nada menos también.
