La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión de un juez federal que se negó en otorgarle una orden de aprehensión en contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), señalado como el “segundo tirador” en el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.
La institución encabezada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló como una “evidente parcialidad” la actuación del juez Jesús Alberto Chávez Hernández titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, a quien acusó de no considerar “el gran acervo” de pruebas que presentó la FGR en contra de Sánchez Ortega.
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Según la fiscalía, las pruebas que aportó sobre el entonces agente Jorge Antonio Sánchez lo ubican en el mismo lugar y momento del magnicidio, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos, en referencia al que habría hecho Mario Aburto Martínez, asesino confesó del político priista.
“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”, indicó la institución en un comunicado.
¿Vinculación con Genaro García Luna?
Como parte de las pruebas presentadas en contra del entonces agente de inteligencia Jorge Antonio, la Fiscalía sostuvo que hubo un “evidente encubrimiento delictivo” que se vincula directamente con el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, declarado culpable por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Según la FGR, García Luna, entonces se desempeñaba como subdirector operativo en el Cisen y estuvo vinculado con el envío de Sánchez Ortega al evento de Lomas Taurinas en el que ocurrió el magnicidio, “para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
Sin embargo, documentos que forman parte del expediente del caso Colosio indican que el envío de agentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional a los eventos de campaña de todos los candidatos era una práctica común.
Y en el caso de Sánchez Ortega se trató de un hecho fortuito debido a que se encontraba en la delegación del Cisen en Baja California cuando ocurrieron los hechos; mientras que en el caso de García Luna se presume que se desempeñaba en un cargo menor dentro de la agencia y posterior al magnicidio habría escalado en la estructura institucional.
Juez político
A decir de la fiscalía, el juez que negó la orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio llegó al “extremo”, por haber emitido consideraciones de orden personal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”. JND
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