De las 89 órdenes de aprehensión que la actual administración ha conseguido por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, así como por la manipulación en la investigación del caso, siguen pendientes por cumplimentar 40 de estas órdenes, informó el fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
Tras una reunión con familiares de los normalistas desaparecidos en septiembre 2014, el fiscal especial del caso precisó que de estas 40 órdenes pendientes, 30 corresponden a personas relacionadas con la desaparición y las 10 restantes a las irregularidades de funcionarios que en la administración pasada, a quienes señaló como creadores de un “aparato criminal que se orquestó con la finalidad de ocultar una investigación, de negar el paradero de los estudiantes y de decirle a las familias ‘dejen de buscar a sus hijos’”.
Dentro de las detenciones pendientes, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se encuentra la de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, quien es señalado de haber cometido “omisiones y responsabilidades graves en toda la construcción del caso”; por lo que dijo que personalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino y envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennettt, solicitando su apoyo para agilizar la extradición del exfuncionario.
Al salir del encuentro en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogados de los familiares de los normalistas, reprochó que “la FGR es parecida a un elefante reumático”, pues acusó que el reclamo de los padres y madres siguen siendo los pocos avances, pues a siete años de distancia “no está establecido el paradero, ni lo sucedido el 26 de septiembre”.
