El avance de la pandemia de Covid-19 en México no sólo ha dejado una estela de 300 mil contagios y más de 35 mil defunciones, sino también la pérdida del ingreso de más de 1 millón 113 mil 677 personas que perdieron su trabajo en el primer semestre del año.
Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y los gobiernos estatales ocasionaron el cierre de numerosas empresas, en algunos casos de manera parcial y otros definitivo. Sin embargo, los trabajadores formales no han sido los únicos castigados: el paro de la economía mexicana mermó también los ingresos del personal que labora en el sector informal y que representa casi 60% de la fuerza de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), en mayo de 2020, 19 millones de personas inactivas disponibles para trabajar y 9.5 millones de ellas dejaron de trabajar sin recibir pago, debido a la suspensión temporal de su trabajo.
Según estas estimaciones el costo de la pandemia, en términos de pobreza extrema, significaría un aumento en la incidencia entre 5 y 8 puntos porcentuales los que se traducirían en aumentos de entre 6 y 10 millones de personas a la condición de la pobreza extrema.
En mayo de 2020, la caída de los ingresos a causa de la crisis económica desatada por la pandemia, puso a 28 millones de personas en pobreza monetaria extrema. Y si se toma en cuenta el aumento de los inactivos dispuestos a trabajar, pero desalentados por la situación económica general, la incidencia de la pobreza extrema ascendió a 25% que se traduce en 32 millones de personas.
Para paliar sus necesidades, Héctor Nájera y Curtis Huffman, dos académicos de la UNAM elaboraron una estimación del costo de eliminar la pobreza extrema por ingreso a través de transferencias directas durante tres meses a personas sin seguridad social que representarían un costo de entre 37 mil 400 y 73 mil 100 millones de pesos.
El recurso serviría para que la gente en situación de pobreza pudiera adquirir la canasta alimentaria establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que incluye una serie de productos que una vez consumidos proporcionan, además de las calorías, los micronutrientes necesarios para la alimentación adecuada.
Sin embargo, la canasta es mínima en el sentido que no incluye los gastos que derivan de la preparación de los alimentos y que deberían ser tomados en cuenta al determinar los montos de los apoyos.
El análisis se realizó en el supuesto que entre 2018 y el primer trimestre de 2020 no ha habido cambios en los ingresos reales de las personas y que el Producto Interno Bruto no ha variado de manera significativa.
Adicionalmente, para llevar a cabo la estimación se contó con los microdatos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares levantada el tercer trimestre de 2018 (ENIGH 2018), los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2020 y de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo que se recabó en mayo de 2020.
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