Casi por casualidad fue descubierto un centro de inteligencia clandestino en el centro de la Ciudad de México, que era operado por entre 30 o 40 agentes investigadores. Una factura por el cobro de la renta del edificio en el que se aloja, que no contaba con respaldo en la lista de inmuebles arrendador por el gobierno capitalino, llevó a descubrir el lugar. Algunos empleados revelaron a periódico La Jornada que las labores se realizan desde hace cinco años, otros señalaron que iniciaron antes. Esto en un local de dos pisos, que cuenta con computadoras viejas y cámaras de vigilancia. Y es que el gobierno actual se ha negado a saldar el adeudo por 574 mil pesos de enero a marzo y de marzo a diciembre por un millón 723 mil pesos. Las facturas muestran como razón social a Sterling Capital, S.A. de C.V., que no tiene registro en internet como empresa mexicana, pero cuenta como apoderada a Verónica Castillo. La duda en la labor de la empresa fue lo que generó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) enviara los investigadores, que descubrieron el centro de inteligencia, que, como señala el contrato, deberían de servir para el uso de diversas unidades administrativas dependientes del gobierno central. Entre las labores de los investigadores que laboran en el lugar, y que no dan reportes a la dependencia, se encuentran “espiar a personas”, según relataron a los investigadores de la PGJ, que días después volvieron y el lugar había sido desmantelado. En la Procuraduría, según dicen, se desconocía la existencia de ese centro y ya se investiga los agentes que se encontraban “comisionados”, lo que podría complicarse porque los contratos no existen en el acta de entrega-recepción, que entregarán a la nueva procuradora, Ernestina Godoy. Con información de La Jornada. MAAZ