Desde enero de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se descartó que el 26 y 27 de septiembre de 2014 se hizo un seguimiento “en tiempo real” a los normalistas en Iguala o que algunos de los estudiantes hayan sido llevados o detenidos en instalaciones militares.
Contrario a lo señalado el jueves pasado por Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, quien en conferencia de prensa por el IV informe del caso Ayotzinapa, acusó que hay “muchos informes” en poder de la Sedena que a la fecha no han sido entregados; una carta del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Defensa Nacional, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, descarta lo anterior.
“En esta voluntad de apoyo, el suscrito (general Luis Cresencio) les ofreció (al GIEI) generar un esquema de trabajo conjunto que permita acceder a toda la información disponible en esta Secretaría, respecto a estos lamentables hechos, sin limitación alguna; con el convencimiento que de esta manera el Ejército saldrá fortalecido y demostrará su solidaridad con los padres para encontrar la verdad de lo sucedido”, indica el general secretario en la misiva enviada el 16 de abril de 2021.
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Lo anterior forma parte de la serie de documentos de la Sedena que el grupo de hacktivistas autodenominados “Guacamayas” reveló, en los que también se indican las respuestas que la Defensa Nacional hizo a los 44 cuestionamientos y solicitudes de documentos que el GIEI les hizo llegar el 26 de enero de 2021, es decir, dos meses antes de la reunión que el 15 de abril sostuvieron el titular de la Sedena con el grupo de expertos, así como con el presidente y el secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
De dicha visita, precisó el general Sandoval al presidente López Obrador, los miembros del GIEI y la Comisión que encabeza Alejandro Encinas pudieron localizar 254 documentos, “entre los cuales se advierten nuevas evidencias para complementar sus investigaciones, siendo entregados de manera impresa y digital en tres tomos”, confirmó el secretario para después reiterar las peticiones pendientes y acuerdos previstos a tratarse en una reunión programada para el 22 de abril de ese año.
Una revisión al oficio de respuesta de la Sedena, fechado el 29 de enero de ese 2021, da cuenta de los elementos que intervinieron en la recolección de datos, las actividades que realizaron, así como el despliegue que se determinó para hacer “patrullamientos” en la periferia de Iguala, luego de que se reportaron los hechos violentos.
Dentro de esas 44 peticiones el GIEI no precisa solicitar información sobre el “seguimiento en tiempo real” que según su IV informe hicieron todas las autoridades, incluyendo al Ejército, sobre los normalistas; no hacen referencia a las interceptaciones de comunicaciones que también atribuyen a la Fuerza Armada, ni tampoco pidieron detalles sobre el personal matriculado de Sedena al interior de la escuela normal.
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Pero, a partir de las respuestas que a conocer la Defensa Nacional se desprende, por ejemplo, que el 26 de septiembre de 2014 “no estaba integrada ninguna Base de Operaciones Mixta (ni rural ni urbana) en el 27/o. Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero”, conformadas por elementos del Ejército, Marina, y la entonces Policía Federal; y sólo hubo dos fuerzas de reacción que el entonces comandante del 27 Batallón encomendó ese día.
Una de esas fuerzas de reacción ordenadas por el entonces coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, actualmente general en retiro y el militar de mayor rango detenido por el caso Ayotzinapa, fue a causa de un accidente con una pipa en el poblado de Cieneguillas, en el municipio de Buenavista de Cuellar; la otra fue encomendada bajo “orden verbalmente” al capitán José Martínez Crespo, otro de los militares detenidos actualmente, a fin de realizar “patrullamientos a la periferia de la ciudad”.
El detalle sobre dicha fuerza de reacción “Crespo”, la Sedena informó que “a las 23:55 horas del 26 de septiembre del 2014, el Comandante del Batallón ordenó la conformación de una Fuerza de Reacción al mando del Capitán 2/o. de Infantería José Martínez Crespo, empleando a los servicios interiores (oficinistas, peluqueros, jardineros) y de la Guardia en Prevención, ordenándole que salieran a realizar patrullamientos con el objeto de hacer presencia y colaborar en la paz y tranquilidad en la ciudad”.
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En el documento emitido por la Dirección General de Derechos Humanos en la subdirección de Asuntos Nacional, la Sedena reconoce que los elementos de los Órganos de Búsqueda de Información (OBIs) del 27 Batallón que se día estaban presentes en Iguala fueron designados para “recopilar información” del informe de labores de la entonces presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda, por lo que el seguimiento a las actividades de los normalitas fue fortuito.
“En el caso que nos ocupa, el arribo de los autobuses con los estudiantes normalistas a la Ciudad de Iguala, Gro., fue una eventualidad, que fue cubierta por el Cabo de Infantería Ezequiel Carrera Rifas y el Soldado Eduardo Mota Esquivel, debido a que se trató de algo extraordinario; por lo tanto, no hubo una orden por escrito”, indicó la dependencia al referir los nombres y cargos de los mandos a quienes dichos elementos rindieron sus informes.
Sin embargo, en la respuesta de la Sedena al GIEI, se da cuenta que, al rendir su declaración ministerial, el entonces coronel José Rodríguez Pérez hizo entrega, a través disco compacto, de las imágenes y videos que el soldado Eduardo Mota, otro de los militares detenidos, había tomado el día de los hechos, reiterando que el arribo de los normalistas no se trató de un evento programado.
Ante la insistencia del GIEI sobre información que sigue reservada del llamado Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, al cual atribuyen erróneamente las siglas “CRFI”, pues según la respuesta de la Sedena esas siglas corresponden al Centro Regional de Fusión de Inteligencia, del cual sí les hicieron llegar un par de mensajes cifrados emitidos el 26 y 27 de septiembre, como parte de los anexos que les fueron entregados desde entonces.
Información sesgada de la CNDH
Dentro de los documentos filtrados también se hace referencia a los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de marzo de 2021 en los que refiere que la Sedena “ocultó información” sobre su participación en la desaparición de los normalistas, lo cual señaló tras haber desaparecido su propia oficina para el caso Iguala y desestimar los hallazgos y evidencias de su Recomendación 15VG/2018.
Al respecto, la Defensa Nacional emitió un documento en el que señala las acciones que se tomaron tanto para atender la Recomendación de la CNDH, como las que en este gobierno se llevaron a cabo para acompañar los avances de la comisión especial del caso encabezada por el subsecretario Encinas, las cuales habría “dejado de lado” la Comisión en su pronunciamiento del 25 de marzo de 2021.
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La participación de la Sedena en 10 reuniones de coordinación, las respuestas a 11 peticiones de información de la Covaj y el GEI que en total significaron 171 cuestionamientos; entrega de información, documentos que en la pasada administración no se revelaron, así como las facilidades para el acceso de archivos de la IX Región Militar, son algunas de las acciones de las que dio cuenta.
En su afán por demeritar el informe que la anterior administración de la CNDH emitió sobre el caso, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra sostuvo que las recomendaciones a la Sedena fueron “poco contundentes” cuando fue de las autoridades que mayor participación tuvieron, según el actual diagnóstico o de la Comisión.
Sin embargo, la Sedena precisó que además de la colaboración con la FGR para la orden de aprehensión de uno de sus elementos, la comparecencia de 33 militares más, la ayuda a la localización de un “nuevo testigo”; también contribuyó con la Fiscalía y la Comisión de Encinas con la disposición de 818 efectivos militares, 102 vehículos y nueve máquinas para labores de búsqueda de los estudiantes en ocho puntos de Guerrero.
