La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el proceso de análisis de 105 convenios adicionales detectados durante la administración de Rosario Robles al frente de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que serían el sustento para una nueva denuncia.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que los convenios ya los había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ahora trabajan en ellos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la detención de la exfuncionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.
En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, dijo en entrevista en el Senado de la República en el marco de la inauguración del foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos”.
El funcionario federal precisó que esos convenios equivalen a un monto de más 800 millones de pesos, y aseguró que se presentarán nuevas denuncias porque se trabaja para que ningún caso de corrupción quede impune.
Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa.
Añadió que se ha solicitado información y apoyo unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles Berlanga y sus principales colaboradores.
Hasta este momento tenemos siete personas congeladas con monto variables, que llegan hasta 12 millones de pesos; pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización particularmente de empresas fachada”, puntualizó.
Santiago Nieto explicó que el problema de la llamada “Estafa Maestra” es que se utilizaron a las universidades vía el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.(Con información de Notimex)EM
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