Diego Fernández de Cevallos ofreció en garantía un inmueble de su propiedad ubicado en Acapulco, para cubrir los 100 millones de pesos que un juez en la Ciudad de México le impuso al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés para poder seguir su proceso por presunta defraudación fiscal en libertad El inmueble que Fernández de Cevallos ofreció es un terreno ubicado en la exclusiva zona de Playa Diamante. De acuerdo con información del diario Reforma, se trata del Lote C-4, que tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y un valor de 402 millones 825 mil pesos, cuatro veces el monto de la fianza que Padrés debe pagar para obtener su libertad. La liberación de Padrés será efectiva una vez que un juzgado federal admita en garantía el inmueble que ofreció el ex candidato presidencial, toda vez que un juez de Toluca ya admitió otra fianza de 40 millones de pesos para que Padrés obtuviera su libertad por el otro proceso que se le sigue por lavado de dinero. En entrevista para El Sol de México Antonio Lozano Gracia, abogado del exgobernador panista de Sonora, confirmó que su cliente ya hizo el depósito de 100 millones de pesos que le puso de fianza un juez federal para abandonar el reclusorio Oriente por lo que este viernes podrá salir en libertad. El litigante confirmó que fue Diego Fernández de Cevallos quien ofreció en garantía un inmueble de su propiedad. Además, para el pago de la fianza el cuñado de Padrés, José Arturo Dagnino Acuña, hipotecó dos inmuebles; un terreno de 8 mil 800 metros cuadrados localizado en el Fraccionamiento Centenario de Hermosillo, valuado en 11 millones 783 mil pesos; y un inmueble de 7 mil metros cuadrados conocido como el Rancho Tres Puertas, con valor de 31 millones 664 mil pesos. El pasado 26 de noviembre, se informó que el exgobernador obtuvo de un juez preventivo la sustitución de la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares, entre las que se encontraba el pago de una fianza de 40 millones de pesos por lavado de dinero. El Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, determinó la posibilidad de que el ex funcionario pueda regresar a casa si además de la garantía económica, cumple con presentarse de forma periódica cada 15 días ante el juzgado federal que lleva su caso. Asimismo, tiene prohibido salir del país sin autorización y la obligación de portar un localizador electrónico. NM
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