Guerra entre cárteles resurgió antes de Iguala

El 21 de agosto de 2014, el entonces procurador general de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, confirmaba que el secuestro del diputado local priista Olaguer Hernández Flores había sido ordenado por Jorge Higashi Chávez, El Japonés, presunto lugarteniente de Los Rojos en la entidad. Este secuestro, era la prueba de que en la zona había iniciado una nueva espiral de violencia, por la disputa territorial entre Guerreros Unidos y Los Rojos.

La información pública disponible era confusa e insuficiente para comprender la gravedad de lo que ocurría en la zona alta de Guerrero; sin embargo, el problema era de tal magnitud que se incluyó como parte de la agenda de la Reunión Regional de Seguridad Zona Centro, el 12 de agosto de ese año, en la Ciudad de México, y donde las autoridades estatales presentaron información oficial, según el ahora exprocurador.

Esa reunión la encabezó el entonces titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien comentó ante medios de comunicación: “No habrá modificación respecto a la presencia de fuerzas federales en la zona centro del país”. Esto ocurrió seis semanas antes del ataque a los normalistas en Iguala.

Aunque el procurador asegura que, previamente al ataque y en coordinación con autoridades federales, fueron detenidos varios integrantes de esos grupos criminales, pero nunca se hizo un reporte público sobre el grupo criminal, por lo que se desconoce la cifra de acusados.

Blanco Cabrera decidió abandonar el silencio y escribir por primera vez su versión de lo ocurrido en Iguala, de cara a las revelaciones que hizo este semanario, en su edición número 97, bajo el título “La DEA sabía todo”, a partir de conversaciones que sostuvieron los líderes del Cártel de Guerreros Unidos antes y después del ataque a los normalistas. En las intervenciones telefónicas que hizo la agencia antidrogas de Estados Unidos, se pone en evidencia cómo los líderes criminales se coordinaron para movilizar a sus aliados y desviar la atención sobre los responsables e inculpar a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Gendarmería y al gobierno.

Iguala se había convertido en uno de los municipios más deseados por los grupos criminales, por ser el punto de ingreso o salida para drogas ilícitas que se siembran o producen en la sierra. Guerreros Unidos y Los Rojos para entonces, ya eran grupos poderosos por su capacidad de fuego, por haber penetrado las instituciones oficiales y en paralelo construyeron estructuras paralelas para protegerse, como las policías comunitarias.

El 26 de septiembre, los primeros ataques comenzaron en Iguala alrededor de las 19:00 horas. En la capital del estado las autoridades se enteraron cuatro horas después, cuando comenzaron a llegar los heridos al hospital del municipio.

De acuerdo a los testimonios, los estudiantes comenzaron a huir, algunos buscaron esconderse en las zonas boscosas y otros corrían entre las calles, mientras los cazaban los policías municipales y el grupo parapoliciaco de Los Bélicos. Entre la oscuridad y el caos, llegó Blanco Cabrera y mientras recorría las calles con sus peritos y policías, rescataron a algunos jóvenes.

Una vez que la procuraduría de Guerrero tomó el control de Iguala, y comenzó a interrogar a los policías municipales, personal de cuerpos de protección y rescate, descubrieron lo que sus investigaciones no les habían arrojado, la penetración a la estructura municipal por parte de Guerreros Unidos. Fueron 33 personas las acusadas, 22 de ellas policías municipales, por la desaparición de los estudiantes.

Lo que nadie sabía entonces, y que lo revelan las intervenciones de la DEA, es que mientras las investigaciones avanzaban, en paralelo los líderes criminales hacían su estrategia de manejo de crisis para desviar la atención, acusando al gobierno. Lo consiguieron, en octubre de 2015, Blanco Cabrera debió renunciar a la Procuraduría.

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