Guerra contra el narco: un soldado en cada hijo te dio
Adolescentes y jóvenes de zonas pobres son las principales víctimas del combate contra grupos criminales. En la lista figuran aquellos que se involucran con las mafias por vínculos familiares y otros por aspiraciones económicas
En silencio, sin mucho aspaviento, la militarización se ha extendido en todos los ámbitos de la seguridad pública, en todo el territorio nacional. Ernesto Zedillo creó en 1999 la Policía Federal Preventiva (PFP) que con Vicente Fox pasó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Entre 1999 y 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comisionó aproximadamente cinco mil 700 efectivos militares. Sin embargo, en 2007 el presidente Felipe Calderón decide declarar la “guerra contra el narco” e involucrar directamente a la Sedena y la Marina en tareas policiales de combate al crimen organizado.
Los militares en retiro encontraron nuevos bríos dirigiendo las policías municipales o instalando empresas de seguridad para capacitar (incluso vestir) a los mal pagados municipales para convertirlos en policías que emulaban a los SWAT (Special Weapons And Tactics).
La narrativa de los políticos mexicanos es que las Fuerzas Armadas combaten temporalmente al crimen para apoyar a las debilitadas policías municipales y estatales. Sin embargo, a casi 20 años de la implicación directa de militares en tareas policiales los resultados son lamentables. Ya existen actos de contrición de Ernesto Zedillo y Enrique Peña con arrepentimientos sobre la estrategia fallida contra las drogas, pero no parece traducirse aún en un cambio de estrategia para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su equipo.
En México, la estrategia de militarización del país para luchar contra el crimen organizado ha significado el incremento del gasto, mayor equipamiento y nuevos reclutas. Aproximadamente 267 mil efectivos militares integran las Fuerzas Armadas, con una participación de 30% del presupuesto federal en seguridad, que alcanzó en 2016 la cifra de 277 mil 308 millones de pesos. La Sedena y Marina duplicaron su presupuesto entre 2006 y 2016, pasando de 55 mil 525 millones a 106 mil 481 millones de pesos. En contraste con la escasa inversión en la Procuraduría General de la República (PGR) encargada de la investigación de los delitos que mantuvo un presupuesto similar, aun con la explosión de delitos vinculados a la militarización del país. El incremento de dinero es un incentivo perverso para mantener la militarización, aun cuando los resultados son negativos: incremento de homicidios dolosos, desapariciones, violaciones a derechos humanos y surgimiento de nuevos grupos criminales.
En el contexto de una “guerra contra el narco”, los grupos criminales necesitaron reorganizar sus elementos dedicados al cultivo, procesamiento y distribución de sustancias; para crear grupos armados no estatales que les permitieran responder a la estrategia militar, ampliar su capacidad de fuego y mantener-ampliar el control territorial. Es especialmente grave observar el reclutamiento de adolescentes y jóvenes de zonas pobres que se han convertido en las principales víctimas de la guerra contra el narco. Desde aquellos que se involucran por vínculos familiares, otros por aspiraciones económicas y quizás la mayoría por amenazas o secuestros masivos. Muchas denuncias de desaparición de adolescentes y personas jóvenes indican que fueron asesinados en enfrentamientos o aparecen en fosas clandestinas.
El territorio nacional se ha cubierto de sangre, no por defender al país de un “extraño enemigo”, sino por el incremento de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Los enfrentamientos están directamente relacionados a la presencia de otros crímenes de lesa humanidad: desaparición, reclutamientos forzado, tortura, entre otros.
Diversos estudios académicos y de expertos internacionales han mostrado que en el caso mexicano la persistencia de usar efectivos militares que se enfrentan a combates con grupos armados no estatales (grupos criminales) trae una paradoja implícita: incrementa la violencia armada, debilita la tarea de la policía barrial e impide la recuperación pacífica del espacio público desde las dinámicas comunitarias. Según el Inegi, ocho de cada 10 familias mexicanas no dejan salir a sus niños a la calle por miedo a la inseguridad.
La evidencia estadística obliga a cambiar la narrativa y la estrategia de militarización de la población joven. Más de 234 mil homicidios, 37 mil personas desaparecidas y aproximadamente mil 300 fosas clandestinas en una década. Cada día son asesinados tres y desaparecen cuatro en total impunidad.
El clima de violencia que se vive en el país tiene impactos fuertes y negativos en niños, niñas y adolescentes. Uno de los temas más sensibles de este conflicto está en repensar el papel de la militarización en el combate a la delincuencia organizada, una guerra necesita soldados en todos los bandos en combate. Sobra decir que la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (LSI) es la institucionalización de la guerra que frente al desborde de evidencias negativas seguirá minando la integridad ética y legal de las fuerzas armadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el nuevo Congreso de la Unión tienen la oportunidad de frenar la militarización y el reclutamiento forzado de jóvenes con la abrogación de esta ley, profundamente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos.
