Guerra contra el narco deja 21 mil niños asesinados y 7 mil desaparecidos
(FILES) In this file photo taken on June 21, 2018 (FILES) This June 21, 2018 file photo shows security personal standing before shoes and toys left at the Tornillo Port of Entry in Tornillo, Texas where minors crossing the border without proper papers have been housed after being separated from adults. Hundreds of immigrant parents and children separated at the US-Mexico border were in limbo on July 26, 2018, as American officials struggled to meet a court-set deadline for family reunification that was set to expire. A federal judge in California has ordered that all eligible migrant families be brought back together by 6:00 pm (2200 GMT) Thursday July 26, 2018. / AFP PHOTO / Brendan Smialowski
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REDIM en México reprochó al Presidente no incluir políticas públicas para niños, niñas y adolescentes en los 25 proyectos prioritarios de su administración
En México mueren diariamente tres niños, niñas y adolescentes y desde el año 2000 a 2019, la estrategia de combate al crimen organizado dejó 21 mil menores asesinados y 7 mil desaparecidos, sin que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador atienda el llamado a desarrollar una estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada.
El 25 por ciento de todos los casos reportados de desaparición de mujeres adolescentes se concentran en el Estado de México, aunque Coahuila, Chiapas y Chihuahua también reportan un elevado número de casos.
El nuevo gobierno está reprobado en políticas públicas para niños, niñas y adolescentes porque no se les incluyó en los 25 proyectos estratégicos que apuestan a estimular el consumo interno, desarrollo de infraestructura nacional y programas asistenciales para los segmentos de población adulta más empobrecidos, aseguró Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En 2012 Guerrero y los estados fronterizos al norte del país tenían los mayores índices de violencia y seis años después Guanajuato se convirtió en la entidad con mayor número de homicidios para la población de 0 a 17 años, pero la cuarta en cuanto a tasa.
De acuerdo con datos del informe La Infancia Cuenta en México 2019, al menos 30 mil niños y jóvenes fueron reclutados por grupos delictivos que son usados como “niños soldados en la guerra contra el narco”.
“Los niños y adolescentes son usados como informantes de las fuerzas armadas que los involucran en prácticas militares, procesamiento de sustancias, comisión de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y desapariciones, al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y explotación, sufren lesiones o incluso mueren como resultado del reclutamiento forzado.
“Su condición les priva de sus derechos, a menudo con graves consecuencias físicas y emocionales. Se desconoce el número de niñas, niños jóvenes han sido reclutados por grupos delictivos”.
Durante la sesión ordinaria del el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), en la que el Presidente canceló su participación por segunda ocasión, el resto de los integrantes reconocieron la existencia del reclutamiento forzado y se comprometieron a desarrollar un programa de atención del que, hasta ahora, no hay avances.
“2019 cerró como un escenario muy complicado para la infancia y adolescencia en México, en un contexto entre la invisibilidad y la violencia”, dijo Pérez García.
En 2011 y en 2015 el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado Mexicano revisar la estrategia de seguridad por el impacto negativo para millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas, pero no ha sido atendido.
Juan Martín Pérez criticó el recorte presupuestal de más de 50 por ciento al programa “Estancias Infantiles” a través de mentiras y datos falsos sólo porque se percibió como una herencia del gobierno de Felipe Calderón.
El recorte no se aplicó de igual manera a otros servicios similares, entre ellos las guarderías subrogadas del IMSS, los Cendis administrados por el Partido del Trabajo o las del ISSSTE “realizando un trato desigual en la garantía del derecho al desarrollo y la educación de niños y niñas de 1 a 4 años”.
